En el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, surgió una controversia cuando varias mujeres denunciaron su exclusión para ocupar un cargo público en el Ayuntamiento argumentando que no se les garantizó su derecho de votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los hombres. En este caso, el tepjf declaró la invalidez de la elección de concejales y señaló la urgente necesidad de reformar el proceso electoral. Además, tradujo al zapoteco la resolución para que los integrantes de la comunidad pudieran comprenderla, promoviendo así la inclusión y el respeto por los derechos políticos.

En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, las mujeres fueron discriminadas al impedírseles ser candidatas para integrar el Ayuntamiento. Con base en la Constitución y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes, el tepjf declaró la nulidad de la elección y vinculó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana local con la comunidad para que durante la elección extraordinaria se garantizaran los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y cooperación en condiciones de igualdad.

Otros casos ocurrieron en Santo Domingo Nuxaá, Oaxaca, donde las elecciones contravinieron los principios de igualdad y la universalidad del sufragio, y en San Pedro Chenalhó, Chiapas, donde el tepjf echó para atrás la renuncia de la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, quien fue víctima de violencia política de género, situación que la orilló a firmar dicha renuncia.

Memórica. México, haz Memoria reunió estos casos en una colección que deja claro que aunque los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, éstas deben mantener la perspectiva de género y ser compatibles con los derechos humanos de mujeres y hombres.