Los cultivadores de café iban a bordo de dos camiones de carga. Al ser interceptados por los policías, éstos los bajaron a golpes y los obligaron a ponerse en el suelo a esperar el siguiente camión. Al llegar el vehículo repitieron la violenta operación y sin concluir el procedimiento les dispararon, hiriendo a sus tripulantes; el saldo: 17 campesinos muertos. De esta terrible masacre hubo algunos sobrevivientes, como la señora Virginia Galeana García. Entre las medidas cautelares promovidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), se encuentra la solicitud al Gobierno de México de la protección de la vida e integridad física de todos los testigos de la matanza de Aguas Blancas. La dolosa operación tuvo todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición propias de un acto criminal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) realizó la recomendación 104/95, que acredita la Violación de los Derechos Humanos de 17 personas pertenecientes a la ocss que perdieron la vida, y una persona en maniobras de ejecución sumaria, por elementos de la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. Los derechos vulnerados por parte del Estado mexicano, establecidos en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, todos ellos arrancados a este grupo de campesinos.

A pesar de la detención de los agresores, no fueron alcanzados los funcionarios de alto rango de la administración del ex presidente Zedillo que ordenaron la operación. El Vado se configura así como un Sitio de Memoria y mantiene su importancia como el lugar donde fue perpetrado un crimen de Estado que aún no ha sido esclarecido y cuyas responsabilidades siguen siendo demandadas por las organizaciones sociales y campesinas a 30 años de este hecho ignominioso.