En julio de 1578 apareció una extraña novedad en la iglesia del convento franciscano de Tecamachalco (Puebla), que en aquel tiempo dependía del obispado de Tlaxcala. En la puerta colgaba un muñeco o efigie humana, vestido con el sambenito o saco infamante de la Inquisición. A los lados, otros dos sambenitos señalaban el nombre del representado: el abogado Rubio Naranjo, sospechoso de judío. Era una infamia, pero no hecha por el Tribunal, sino por un grupo de vecinos que le tenían animadversión.

Podría pensarse que los difamadores compartían los valores inquisitoriales, pues imitaban sus símbolos, pero la Inquisición no lo entendió así. La Inquisición era muy celosa de su oficio y no podía permitir que un particular usara sus símbolos para infamar a otro.

Con la autoridad de una bula papal que protegía su “santo oficio”, los inquisidores investigaron el caso, inhibiendo la indagatoria que realizaba el alcalde mayor de Tepeaca. Siguieron la pista de una denuncia, interrogaron testigos, arrestaron a los sospechosos y los sometieron a tormento para después condenar a cuatro de ellos con azotes y destierro.

Este expediente está conformado por cuatro procesos: 1) contra Francisco de Solano, un labrador o campesino natural de Puebla, 2) contra Ana de Figueroa, española de León, esposa del antiguo alcalde mayor de Tepeaca, 3) contra Antonio de la Parada, un vasco de San Sebastián y 4) contra Bartolomé Lozano, castizo.

Los expedientes de otros reos involucrados aparecen en otros volúmenes de la Inquisición. Los reos principales que fueron sometidos a la vergüenza pública, azotes y destierro en el auto de fe de 1582 fueron Juan de Molina (español) y Francisco Yáñez (castizo), la mencionada Ana de Figueroa y Juan López.

El historiador Luis R. Corteguera, que ha dedicado un libro para reconstruir minuciosamente este caso, sugiere que la Inquisición castigó con severidad a la mujer, y a estos hombres con un sesgo social. Quería dar un escarmiento a la que consideraba “gente baja” de la sociedad para que, en lo sucesivo, no se atrevieran a jugar con las insignias inquisitoriales.

Periódicamente, la Inquisición hacía publicar un edicto general de fe en las iglesias principales de toda su enorme jurisdicción. Ese edicto contenía un resumen de los principales delitos, que los fieles debían conocer y denunciar. La idea era proteger la religión, pero Pedro de Garagarza no lo pensó así.

Este herrero y cazador, nacido en la ciudad de Chiapas, fue acusado por decir que el edicto general de fe tenía “muchas cosas malditas”. Tal vez sólo quería decir que daba demasiada información, pues “en algunas partes donde se publicaba no había judíos ni hechiceros y que era despertar a los que dormían para que aprendiesen las cosas en él contenidas”. Pero los inquisidores se enteraron de que también solía criticar a los frailes, así que sospecharon que el reo era un enemigo de la Inquisición y protector de la herejía.

Preso en las cárceles, Garagarza negó ser hereje e incluso trató de colaborar denunciando las conversaciones de otros reos. Pero los inquisidores lo sometieron a tormento. Después de su confesión forzada, lo sentenciaron como hereje formal a la vergüenza pública. Admitido a reconciliación, le fueron dados 200 azotes y fue condenado a carcelería perpetua.

Uno de los medios por los que la Inquisición exaltó su oficio fue la veneración a san Pedro de Verona, dominico e inquisidor del siglo xiii y mártir de la Iglesia católica.

En España y América, la Cofradía de San Pedro Mártir, a la que pertenecían los inquisidores, intentó extender la devoción al beato Pedro de Arbúes, inquisidor de Zaragoza asesinado a finales del siglo xv.

Escudo de la ciudad de México con los símbolos de la Inquisición: La rama de olivo, que representa la misericordia, y la espada como símbolo de justicia. El lema del Santo Oficio envuelve las columnas: “Exurge Domine [et] Iudica Causam Tuam” (“Levántate, Señor, y juzga tu causa”).