Cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de expropiar la industria petrolera nacional, lo hizo como un verdadero jefe de Estado. Antes de esto, había consultado a sus más cercanos colaboradores, quienes lo respaldaron de forma unánime. Todos coincidieron en que los empresarios petroleros desatendieron la resolución de la Suprema Corte, que había fallado en favor de las demandas obreras, en flagrante desconocimiento de las leyes mexicanas. 

Así, un asunto laboral había trascendido a la política nacional e internacional. En principio, las compañías petroleras aseguraban que las exigencias de los trabajadores petroleros eran inadmisibles, y que las leyes mexicanas no se aplicaban en la industria. Falsos argumentos que incluso a los gobiernos extranjeros costaba justificar, como lo aseguró el embajador de los Estados Unidos en México, Josephus Daniels. No obstante, el interés económico se impuso, lo que acrecentó el problema, que estuvo a punto de una invasión extranjera, evitada justamente por los indicios de un conflicto internacional: la Segunda Guerra Mundial.

Así, la visión de Cárdenas como estadista, la situación mundial, la política, la diplomacia y la presentación de pruebas contundentes de que las empresas petroleras desfalcaban las arcas, y la evasión fiscal tanto en México como en los Estados Unidos y Gran Bretaña, dieron la razón al gobierno cardenista, lo que hizo posible la consolidación del proyecto económico, político y social posrevolucionario, y, sobre todo, el ejercicio de la soberanía nacional.