El régimen porfirista provocó el descontento popular por las injusticias sociales cometidas por el Estado contra diferentes sectores de la población, pero en especial contra los más necesitados, como campesinos, indígenas y obreros; esto dio lugar al conflicto armado que duró hasta la promulgación de la Constitución de 1917. Este ordenamiento permitió establecer las bases de un Estado moderno que a la larga brindó estabilidad social al país, ya que durante la Revolución se perdieron entre 400 mil y un millón de vidas, convirtiendo esta guerra en una de las más cruentas de la nación. 

En 1916, la convocatoria de Venustiano Carranza conformó el Congreso Constituyente, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, para reformar la Constitución de 1857; sin embargo, la reforma original era de carácter político pero al final las demandas sociales se impusieron en la nueva Carta Magna, que se promulgó un 5 de febrero, con postulados tales como: No permitir la reelección presidencial, la desaparición de la figura del vicepresidente, la división de los poderes gubernamentales en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la exacerbación de las garantías individuales, derecho a la educación, la soberanía de la nación  en las tierras y aguas mexicanas, así como los derechos laborales, entre otros.