Atisbos de una historia

En 1974 se instaló el Consejo Nacional de Población (conapo),  que asumió la tarea de influir en el ritmo de crecimiento poblacional al desacelerarlo. Con ello, el Estado mexicano se alejó decididamente de la política pronatalista de la etapa precedente.¹ En efecto, a través de esta institución los programas de planificación familiar comenzaron a trabajar con base en una reforma al artículo 4º constitucional que garantizaba el “derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.² Sin embargo, esta libertad no consideró la interrupción del embarazo o el aborto inducido, que se seguía sancionando en el Código Penal; debido a ello, el conapo dejó fuera la atención de este último como parte de sus planes de acción, así como la liberación del mismo.³

Este posicionamiento generó reacciones y reclamos, por lo que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez instaló en 1976 el “Grupo Interdisciplinario del Aborto (gia), un órgano consultivo conformado por 62 especialistas de diversas áreas del conocimiento y representantes de distintas organizaciones políticas, sociales y religiosas”.⁴ Se decidió que el grupo sesionara en la ciudad de Querétaro, con el compromiso de elaborar un informe.⁵ El documento consideró la incidencia del aborto en México, sus efectos en la salud de las mujeres y su mortalidad, concluyendo que su práctica no podía sustituir el uso de anticonceptivos, aunque era probado que éstos no eran del todo confiables.⁶ Los expertos señalaron que las principales razones para tomar esta decisión eran las dificultades económicas y contar con varios hijos,⁷ a lo que agregaron que 50% eran inducidos por automaniobras que consistían en introducirse cuerpos extraños a través de la vagina, tales como ganchos, agujas para tejer o alambres que provocaban perforaciones en el útero, lesiones en el cérvix, vagina y matriz.⁸

Se recomendó, entonces, suprimir de la legislación toda sanción penal a las mujeres que por cualquier razón o circunstancia decidieran abortar y al personal calificado que practicara el aborto cuando existiera la voluntad expresa de la mujer.⁹ Además de expedirse las normas técnicas sanitarias pertinentes para que la prestación del servicio se realizara en óptimas condiciones.¹⁰ Pese a la contundencia de sus planteamientos, dichas recomendaciones no prosperaron, entre otros motivos, porque el sexenio y sus políticas de salud estaban a punto de concluir.¹¹ 

A ello hay que sumar la persistencia de estigmas sobre las mujeres que decidían practicarse un aborto, junto con los prejuicios que recaían en aquellas que resolvían llevar su embarazo fuera del matrimonio, convirtiéndose así en madres solteras.¹² Tanto éstas como el aborto eran una realidad cuyo debate en el espacio público avanzó aparejado a su participación política, y que modificó los significados de la maternidad gracias a la ampliación del acceso a métodos anticonceptivos, a una paulatina transformación de la relación con sus cuerpos y a la inserción de la noción de planificación familiar que transitó del modelo ampliado hacia el de familia nuclear.¹³

De forma paralela a los debates desprendidos por las políticas públicas, en 1975 se declaró el Año Internacional de la Mujer durante la Primera Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en la Ciudad de México. En este contexto, el Movimiento Nacional de Mujeres organizó las Jornadas Nacionales sobre el Aborto, cuyo debate permitió que en diciembre de 1977 existiera la tentativa de presentar una iniciativa de ley para la despenalización del aborto, bajo la consigna “por un aborto libre y gratuito”. Dos años después, se integró el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (fnalidm), el cual reunió a militantes de distintas orientaciones políticas, predominando aquellas de izquierda.

El Plan de Acción del fnalidm comprendió cuatro ejes: la reivindicación de la maternidad voluntaria, la creación de guarderías, una campaña contra todas las formas de violencia sexual y la atención a las problemáticas de las trabajadoras discriminadas por la Ley Federal del Trabajo.¹⁴ Con estos planteamientos se contribuyó a visibilizar la urgencia por modificar la legislación vigente.

Los materiales que aquí presentamos dejan constancia de la intensa relación entre el Partido Comunista Mexicano (pcm) y la movilización feminista que, no sin tensiones, logró instalar en las agendas de las izquierdas la presencia de demandas específicas de las mujeres. Aunque el trasfondo de este vínculo fue diverso, merece especial mención el ambiente propiciado por la reforma política de 1977, producto de un acuerdo entre el régimen y los partidos de oposición, que permitió a éstos obtener ciertos espacios de representación, posibilitando, por ejemplo, que el pcm obtuviera nuevamente su registro.¹⁵ Un efecto de la reforma fue la ampliación de los canales de discusión interna de los distintos partidos respecto de su estrategia, sus vínculos con los variados grupos de la sociedad y la manera en la que se presentaban ante la vida pública.

En 1979 se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres del pcm, espacio en el que se discutieron cuestiones relativas a la despenalización del aborto, la situación social de la maternidad y su relación con el feminismo, así como su papel en los partidos políticos. A esta experiencia siguieron numerosas reuniones femeninas desde el ámbito laboral, magisterial, campesino y urbano popular. En conjunto se dio paso a la conformación de coordinadoras sectoriales de mujeres, comprometidas con su actuar en conflictos y problemáticas de corte regional. Se trató de hechos trascendentales que pusieron énfasis en la necesidad de introducir la perspectiva de género a los movimientos sociales. A pesar de ello, al interior de la dinámica partidaria aún se consideraba que el movimiento de mujeres requería converger con otras demandas, asumiendo la democratización del país como uno de sus pilares.

La temática del aborto no fue fácil de procesar entre la militancia comunista pues existía una situación dubitativa a su inclusión. Marta Lamas señala que “en un imaginario político ocupado abrumadoramente por la dicotomía capitalismo / socialismo, las demandas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fueron tildadas como ‘sectarias’, ‘pequeñoburguesas’ o como asuntos secundarios, que desorientaban la lucha por cambiar el sistema”.¹⁶ Estos sesgos lograron ser superados a partir de liderazgos como el de Arnoldo Martínez Verdugo, quien fue partícipe de la construcción de una democracia radical y feminista, recibiendo el apoyo constante de su pareja sentimental Marta Recasens.¹⁷

La relación del pcm con las reivindicaciones feministas tuvo un hito importante en 1979, cuando la Coalición de Izquierda presentó al pleno del Congreso la primera iniciativa contemporánea que buscó despenalizar el aborto a partir de la concepción de la Maternidad Voluntaria.¹⁸ Esta postura se configuró de cuatro elementos indispensables: educación sexual, anticonceptivos seguros y disponibles, acceso al aborto libre y gratuito y un rechazo a la esterilización forzada.¹⁹

Estos posicionamientos, junto con otros relativos a la cuestión étnica, el ecologismo y la niñez,²⁰ propiciaron una renovación que llevó al pcm a proponer su fusión con diversas organizaciones pertenecientes a las izquierdas. En 1981 se generó la disolución del partido y la creación del Partido Socialista Unificado de México (psum), agrupación que enfrentó las elecciones federales de 1982, teniendo a Martínez Verdugo como su candidato. A lo largo de la campaña fue perceptible la impronta modernizadora dejada por el xix Congreso, según la cual el aborto era parte integral del programa.²¹ Su contenido fue dado a conocer públicamente a través de distintos medios, sobre todo, desde las páginas de Así es. Además del plan de acción en torno a los derechos de las mujeres se planteó la necesidad de entender la sexualidad en su vínculo con las relaciones sociales, la historia y el trabajo.²² El psum reconoció el doble papel de éstas en tanto reproductoras de la fuerza de trabajo y productoras de valores de uso dentro de la familia; es decir, como fuerza de trabajo en la producción de mercancías y servicios.²³ Esta posición asumía la especificidad de la doble explotación de la que eran objeto, matizando las diferencias de clase dentro de los grupos feministas.²⁴ De acuerdo a esta visión, dichas condiciones no podían homologarse a todas, de ahí la importancia de distinguir y fortalecer un movimiento feminista de izquierda.

Pese a la existencia de estos debates, comenzaron a generarse procesos contradictorios dentro del psum, sobre todo, a causa de la presencia de expresiones menos favorables a la agenda de las mujeres. De acuerdo con Barry Carr, en el Congreso de 1983 “se rechazó el documento que defendía la autonomía de las organizaciones juveniles y examinaba abiertamente temas como la política sexual”.²⁵ Algunos años después, en 1987, aconteció un nuevo proceso de agrupación protagonizado por el psum y el Partido Mexicano de los Trabajadores (pmt). Este último se caracterizó por su ideología nacionalista y por contar con liderazgos fuertes, tales como los de Demetrio Vallejo y Heberto Castillo. Nacido en 1974, el pmt había defendido el derecho al aborto a través de la figura de Vallejo, quien aseguró que éste no era un problema demográfico, sino una necesidad social.²⁶

En continuidad con estos planteamientos, en 1977 María Luisa Erreguerena, integrante del Consejo de Redacción de Insurgencia Popular, órgano oficial del pmt, fue concluyente al indicar que “el aborto es una decisión individual. Nadie tiene derecho a tomar la decisión en lugar de la afectada; ni el Estado, ni la Iglesia, ni los médicos”.²⁷ Agregó, entonces, que el programa político del pmt incluía la lucha por la derogación del aborto como delito.²⁸ Además de que integraba una agenda amplia en torno a las demandas de las mujeres que incorporaba la erradicación de la violencia contra éstas, la igualdad económica que distingue la situación de obreras y campesinas, la creación de guarderías gratuitas, la socialización del trabajo doméstico y su legalización para que se gozara de prestaciones laborales y la posibilidad de sindicalizarse.²⁹

De la convergencia entre el psum y el pmt surgió el Partido Mexicano Socialista (pms), en cuya efímera existencia la participación de las mujeres fue constante y destacada. Así, por ejemplo, en 1988, bajo la pluma de Josefina Hernández Téllez, se denunció que el 10 de mayo fuese una fecha para festejar y agasajar a la mujer madre, pero sólo “un día para ser merecedora del respeto y la consideración social”,³⁰ pues al año morían en el país 260 mil mujeres: 200 mil por aborto provocado y 60 mil en hospitales; las primeras, víctimas de la prohibición del aborto, y la segundas, por causas evitables durante el alumbramiento.³¹

Al igual que otras experiencias organizativas, el pms fue atrapado por la crisis política devenida del Partido Revolucionario Institucional (pri), del que, entre 1986 y 1988, se desprendió la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.³² Estas personalidades suscitaron la simpatía de importantes sectores populares y de la izquierda, que incluyó al pms y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt).³³ Este último, de orientación trotskista, integró una amplia agenda de demandas feministas coincidentes con las de los partidos comunistas y socialistas, que pusieron especial interés en el reconocimiento tanto de la Maternidad Voluntaria como de la diversidad sexual que en algunos sectores de la militancia persistía como un tabú.³⁴

La conformación del Frente Democrático Nacional en 1988 favoreció la confluencia de un “gran número de expresiones políticas y sociales progresistas y democráticas, muchas de ellas identificadas, con una u otra versión de la izquierda”.³⁵ Fueron tiempos de gran discusión y reposicionamiento para las izquierdas mexicanas, sobre todo, a partir del fraude electoral que aconteció ese mismo año.³⁶ Fue así como al pms lo siguió el Partido de la Revolución Democrática (prd). El partido dio paso a una izquierda que tuvo como ejes principales al socialismo y al nacionalismo.³⁷ A partir de su plataforma, las demandas feministas continuaron presentes en los procesos electorales. En parte, esto fue resultado del apoyo que el prd recibió de integrantes de la Coordinadora de Mujeres “Benita Galeana” y la posterior fundación de la Coordinadora Feminista del Distrito Federal en 1989, la cual asumió como una de sus prioridades la creación de un proyecto de ley sobre delitos sexuales que a la postre tipificó en el Código Penal el feminicidio. 

Del archivo a la memoria

En noviembre de 1990 se llevó a cabo en Argentina el v Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en el cual se acordó establecer el 28 de septiembre como el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La fecha fue propuesta por la delegación brasileña por ser el aniversario de la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres de 1871, gracias a ello se consideraron libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas en Brasil. En el marco de esta conmemoración internacional el nodo “Mujeres y acción política” del cemos convocó el 24 de septiembre de 2022 a la “Primera Jornada: aborto, sororidad y soberanía”, ocasión en la que los materiales que aquí se compilan se mantuvieron en exposición dentro de las instalaciones del cemos, a lo que siguió una colaboración con Memórica para ampliar su incidencia. Este intercambio cristaliza en el buen ánimo de fortalecer el trabajo conjunto entre proyectos comprometidos con el resguardo y la promoción de la memoria del pueblo de México, sobre el cual el legado de las izquierdas es pieza fundamental para ocupar el presente e imaginar el futuro.

Las problemáticas planteadas por el movimiento feminista en el espacio público actual son resultado de una larga trayectoria de lucha en la que la acción de las mujeres recorrió los senderos comunistas, socialistas, partidarios, democráticos y de coalición. Gracias a su movilización se incorporaron demandas en la agenda pública, entre las que merece especial mención la provisión de servicios médicos gratuitos. A partir del movimiento amplio feministas, en 2007, en la Ciudad de México, se logró despenalizar el aborto y acceder a la interrupción libre e informada del embarazo; mientras que en otras entidades federativas se han impulsado iniciativas que abren espacio para la decisión de éstas sobre sus cuerpos. Hasta ahora se ha legalizado el aborto en otras nueve entidades federativas: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Quintana Roo. 

La exposición visual de episodios de la participación política de las mujeres en México ayuda a situar discusiones contemporáneas y brinda elementos para formar un criterio propio, capaz de ponderar la herencia de sus procesos organizativos.


Para leer más: 

Calvario Martínez, Leticia, Grecia Cristóbal Ramírez, Fernanda Isabel González Carbajal y Diana Alejandra Méndez Rojas, De mareas y oleajes rojos: mujeres y su participación política en México. Décadas de 1970 y 1980, México, cemos, 2023 [con apoyo del Conacyt a través del proyecto “Pasado, presente y perspectiva de la transformación. Memoria y evaluación de cinco nodos del cambio posneoliberal”].