La violencia continúa contra los pueblos indígenas que defienden el territorio y sus recursos naturales. Criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos son las principales amenazas que enfrentan. A ello se debe agregar la impunidad que viven y que favorece a las bandas del crimen organizado, así como a los polémicos proyectos extractivos, hidroeléctricos, energéticos y turísticos. En México, son alrededor de ocho estados de la república los que presentan un conflicto mayor por la presencia de grupos de poder, paramilitares y delincuencia organizada. Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sonora, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, así como la zona fronteriza entre Campeche y Guatemala, figuran en esta lista elaborada por Indigenous Peoples Rights International en 2022. En los casos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, al ser delitos de carácter penal, que tendrían que ser investigados, es común que las autoridades actúen a veces en colusión logrando que la impunidad prevalezca. Para reflexionar en torno a este grave problema que ha afectado a nuestro país a lo largo del siglo xx y lo que va del xxi, seleccionamos documentación que nos muestra cómo se ha desarrollado este grave proceso en México y otros países.