El primer reto fue salir de sus comunidades para hacer una consulta, a partir de la cual Ramona, Susana, Esther, Ana María y otras zapatistas lograron en 1993 configurar los 10 puntos de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que comienza indicando que: “las mujeres sin importar su raza, credo, color o filiación política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen”. La ley defiende el derecho de todas a trabajar y recibir un salario justo, a decidir el número de hijos que desean tener y cuidar, a participar en los asuntos de la comunidad y ocupar cargos de dirección al interior del movimiento.

Por otro lado, la ley indica que las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación y defiende el acceso a la educación; esto último se cumple cuando ellas aprenden a leer, escribir y hablar español y practican dichas habilidades al participar en asambleas y ejercer cargos rotativos.

Asimismo, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas a contraer matrimonio; ninguna puede ser maltratada físicamente y tanto la violación como su intento son severamente castigados. Con esto, sumado a la prohibición del alcohol en las comunidades autónomas, las zapatistas aseguran que nadie las mata, nadie las viola y nadie las maltrata.

Ellas han comprobado que la mejor forma de interpelar a otras es con la propia participación; por ello, realizan manifestaciones, encuentros y acciones diarias para cuidarse entre ellas y defenderse. Se han convertido en un referente para las feministas de México y del mundo, incluyendo a las lesbianas y trans. En esta colección Memórica. México, haz memoria recupera una serie de recursos que muestran esta lucha.