Felipe II le imprimió un carácter legal a esta actividad al ordenar que se procurara la formación de los bienes de comunidad en cada pueblo y determinó expresamente la obligación de los indígenas de contribuir al establecimiento de un fondo común. De esta manera, la medida fue benéfica tanto para el tesoro español como para los tributarios indígenas pues se aseguraba el pago a la Corona, y también el que los pueblos tuvieran los suficientes recursos para mantenerse. A mediados del siglo XVI, la mayoría de las comunidades ya contaban con capital suficiente formado por recursos de distinta naturaleza, aunque, con el tiempo, de todas las actividades que habían sido organizadas por los franciscanos predominaron las de carácter agrícola.

Los documentos de finales del siglo XVI que presentamos en esta ocasión, resguardados por el Archivo General de la Nación, nos acercan a este tipo de práctica temprana que con el paso del tiempo se convirtió en una institución legal y reglamentada: la forma en que se administraban estos bienes, los permisos que había que solicitar para acceder a ellos, su uso para financiar diversas necesidades de la comunidad, los tipos de recursos con que se contaba y, principalmente, nos involucra en la manera en que los indígenas se incorporaron al entramado administrativo colonial, a sus sistemas y a una nueva cultura hacendaria y política.