En la Constitución de 1824, aunque no se abolió la esclavitud, precisamente en el acta constitutiva del 26 de noviembre de ese año se dio una reglamentación a nivel de ley secundaria, en un decreto del Congreso el 13 de julio de 1824. La disposición ordenaba: “Queda para siempre prohibido en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos el comercio y el tráfico de los esclavos procedentes de cualquier potencia y bajo cualquier bandera; y que los esclavos contra esa prevención fueren introducidos, quedarán libres con sólo el hecho de pisar territorio mexicano”.

Con esta disposición se dejaba en libertad sólo a los esclavos extranjeros y no a los nacionales: “El Soberano Congreso General Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar lo siguiente: 1) Queda para siempre prohibido en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos el comercio y tráfico de esclavos, procedentes de cualquier potencia y bajo cualquier bandera. 2) Los esclavos que se introdujeron contra el tenor del artículo anterior quedan libres con sólo el hecho de pisar el territorio mexicano. 3) Todo buque, ya sea nacional o extranjero, en que se transporten o introduzcan esclavos al territorio mexicano, será irremisiblemente confiscado con el resto de su cargamento; y el dueño, el comprador, el capitán, el maestre y el piloto sufrirán la pena de diez años de presidio”. Fueron muchas las personas transportadas y traficadas desde diferentes puertos de comercio europeo que llegaron principalmente a los puertos de Veracruz y Acapulco para ser vendidas, intercambiadas o subastadas. Estas disposiciones intentaron poner un freno a un comercio de casi 200 años en los que las poblaciones afrodescendientes incluso ya se habían organizado y rebelado contra los malos tratos.