En Monterrey, Nuevo León, la Unión Leonesa de Padres de Familia llevó a cabo una gran manifestación el 2 de febrero de 1962 para protestar contra lo que ellos consideraron la “imposición” de los textos gratuitos. El origen del descontento, según la investigadora Doralicia Carmona, fue la protesta de libreros e impresores que consideraron lesionados sus intereses, así como la actitud asumida por la Iglesia que se valió de grupos reaccionarios para disputar el control de la educación al Estado. Casi desde la salida de los libros, el malestar de sectores conservadores se hizo sentir por su carácter laico, único y obligatorio, lo que dio origen a una guerra a través de la prensa, y muchos periódicos atacaron al gobierno considerándolo incluso como un “nuevo Tribunal de la Inquisición”. Sin embargo, la Secretaría de Educación reiteró la obligatoriedad de los textos y dio a conocer sanciones penales y administrativas para quienes boicotearan el proyecto de los libros de texto gratuitos. 

El conflicto se fue expandiendo y pronto adquirió un carácter nacional, y a pesar de que estos materiales beneficiaban a una gran parte de la población, la convocatoria para una movilización pública contra ellos fue sumamente socorrida, por lo que se llevó a cabo en Monterrey con la asistencia de más de cien mil personas vinculadas a organizaciones católicas, al Partido Acción Nacional, a la Banca y a la industria, aunque también acudieron trabajadores y obreros que, según testimonios, gritaban la consigna “¡México sí! ¡Comunismo no!” A causa de este conflicto, la Secretaría de Educación tuvo que negociar y aceptar que la obligatoriedad de los libros no implicaba que fueran únicos o exclusivos.