Lascuráin nombró a Victoriano Huerta como ministro de Gobernación para inmediatamente renunciar a la Presidencia y que éste tomara posesión del cargo como lo dictaba la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el hecho y de esta manera dio inicio la presidencia interina de Huerta, uno de los personajes más vituperados de la historia mexicana. La serie de actos realizados por las más altas autoridades del país, como el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, transformaron el cuartelazo militar en un golpe de Estado. El usurpador ordenó el asesinato de Madero y de Pino Suárez, evento que se llevó a cabo tres días después de haber asumido el cargo, y los estados de la Federación, excepto Coahuila y Sonora, reconocieron la constitucionalidad de la sucesión a través de la cual Huerta ocupó el Poder Ejecutivo federal. 

Hay varias interpretaciones de lo que ocurrió aquel día en el Congreso. Algunos opinan que todo se hizo conforme a los dictados de la Constitución, pero otros creen que existieron vicios de inconstitucionalidad en el proceso de ascensión al poder público del usurpador Huerta, como la falta del debido proceso legal en la aprehensión de Madero y de Pino Suárez; las renuncias de estos funcionarios a través de medios violentos; la violación del fuero constitucional de diputados al ser aprehendidos sin orden judicial; las convocatorias a sesiones extraordinarias en las Cámaras; la falta de quórum legal, etcétera. A pesar de los puntos de vista encontrados, es innegable que el golpe de Huerta ha sido uno de los episodios más deplorables de nuestra historia política.