Fondo Infidencias
Una de las preocupaciones de las autoridades del Imperio español era que los súbditos guardaran fidelidad al monarca, pues no hacerlo constituía un delito grave contra la Corona. Para 1814, en el contexto de la guerra de Independencia, al virrey de la Nueva España le fue otorgada la facultad de perseguir y sancionar a aquellas personas que se levantaran en armas contra el rey; para ello, se instauró la Real Sala del Crimen o Tribunal de Infidencias.
El Tribunal de Infidencias estuvo conformado por tres oidores, mismos que fueron insuficientes a medida que surgieron inconformidades en el virreinato, sobre todo a partir de 1808, después de la invasión napoleónica a España que aceleró el proceso de independencia en todos los rincones del Imperio español. En México, los oidores del tribunal fueron sobrepasados, de ahí que muchos en los juicios dejaron de observar ciertas formalidades. Aquellos que fueran encontrados culpables estaban sometidos a sanciones severas que iban desde la prisión hasta el destierro.
Muchos integrantes de la Corte virreinal y de los ayuntamientos novohispanos que apoyaron la propuesta del virrey José de Iturrigaray de establecer en Nueva España una junta gubernativa, que guardara la soberanía al monarca español durante la ocupación francesa de la metrópoli, fueron sancionados por el Tribunal de Infidencias. Asimismo, líderes y simpatizantes de la causa insurgente fueron perseguidos, aprehendidos y acusados de no guardar fidelidad a Fernando VII.
El Archivo General de la Nación (agn) conserva varios juicios que poseen valiosa información sobre algunos caudillos o integrantes del movimiento de Independencia, así como de los juzgadores y de los tumultos que se formaron durante los juicios.
