Esta fecha se considera día de luto nacional. El incendio, que inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, se propagó rápidamente hacia la guardería subrogada del imss, ya que prácticamente compartían las mismas instalaciones y sólo se encontraban divididas por un muro de uso común. Con el tiempo se sabría que la estancia infantil carecía de las mínimas medidas de seguridad para proteger a los pequeños, y no existían salidas de emergencia ni extintores. A pesar de estas y otras irregularidades, se les concedió el permiso para operar por cinco años en un documento otorgado en 2001, que después se volvió a validar en 2007. Todo esto resultó aún más indignante cuando salió a la luz el informe del arquitecto independiente José Verdugo Ibarra, contratado por el imss en 2005, en donde se señalaban las anomalías del edificio. Todas las pruebas presentadas lograron que se les otorgara atención médica y pensiones vitalicias a los sobrevivientes, la revisión de todas las guarderías que operaban bajo el mismo sistema con el fin de evaluar la calidad del servicio y, además, en 2011 Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presentó un proyecto para fincar responsabilidades a funcionarios públicos; sin embargo, tuvo que detener la iniciativa al ser sujeto de linchamiento mediático y presión del entonces presidente Felipe Calderón. Así, a más de 10 años de la tragedia, la justicia todavía no alcanza a los responsables. Aunque al menos 19 personas han recibido penas de 14 a 30 años por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales, muchas de ellas han utilizado a su favor recursos legales como el amparo para evadir su culpa en esta desgracia.