Posteriormente, con la gestación del gobierno republicano, Lucas Alamán propuso crear un archivo nacional a partir de las bases del Archivo General de la Nueva España y fue así como, en agosto de 1823, se creó el Archivo General y Público de la Nación (agpn), con objeto de resguardar documentación relevante y ponerla al alcance de cualquiera que quisiera consultarla.

En 1918 la institución cambió su nombre a Archivo General de la Nación (agn), la cual ha marcado la pauta para el funcionamiento de los archivos en todo el país, diseñando poco a poco las bases legales que rigen el control de los documentos, tanto los administrativos como los históricos. La política archivística en México se ha consolidado paulatinamente desde la Real Orden de 1792 hasta las leyes estatales publicadas en la primera década del siglo xxi, derivadas de la inclusión social de las políticas públicas de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, pasando por los reglamentos internos del Archivo, las reformas hechas a la Constitución y por supuesto, la Ley General de Archivos. El agn es la entidad encargada de regular y promover la archivística a nivel nacional, asegurando el acceso a la memoria histórica de México.

En cuanto a la profesionalización de las personas que trabajaban en los archivos, en 1945 se creó la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la primera institución que formó bibliotecarios y archivistas. Hoy en día la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también egresan archivistas, y otras universidades del país ofrecen estudios relacionados con las ciencias de la información. El agn también contribuye a la profesionalización archivística brindando cursos de capacitación y organizando congresos.