México no es el único país del orbe donde algunos grupos sociales, líderes religiosos y políticos, entre otros, emiten discursos de odio contra la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexual y Queer (lgbtq+), escudados en supuestos valores “morales y tradicionales” que no deben trascender a la vida pública ni mucho menos imponerse a una sociedad plural como la mexicana que, además de las diversas preferencias u orientaciones sexuales de los ciudadanos, cuenta con 68 pueblos originarios donde también se manifiestan algunas de estas experiencias; por ejemplo, los muxes en el estado de Oaxaca.

Entre 2006 y 2008, el Estado mexicano firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para eliminar todo tipo de discriminación que, a pesar de estar sancionada en las leyes, diversos actores —especialmente de corte conservador y reaccionario— transmiten mensajes negativos contra dicha comunidad y anteponen falsos principios morales sobre los derechos de los ciudadanos y sancionan a aquellos que no piensan como ellos. A través de discursos de odio, coerción e intimidaciones se busca que los denunciantes no ejerzan sus derechos, violentando así el orden constitucional. Con el propósito de erradicar la violencia y la exclusión contra la comunidad lgbtq+ en México e impulsar la democracia deben emprenderse campañas de información y sensibilización que destierren añejas y falsas ideas sobre las distintas orientaciones sexuales.