La policía política, la Dirección Federal de Seguridad (dfs), extendió una red de agentes para vigilar los movimientos y las actividades del exilio latinoamericano en México. Exiliados brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos, guatemaltecos, salvadoreños, entre otros, han redefinido la solidaridad del éxodo frente a la represión y la expulsión de sus dictaduras. Dice Soledad Lastra en su libro Espionaje y control en el país de refugio: “Con múltiples repertorios de acción y estrategias de protesta, los exiliados sudamericanos lograron proyectar desde México una  clara  voz  que  condenó  la  violencia  de  Estado  de  las  dictaduras  del  sur  con  miles  de  presos  políticos, ejecutados,  torturados  y  desaparecidos.  Las  dinámicas  clandestinas  del  terrorismo  de  Estado  fueron  desnudadas  por  los  centenares  de  testimonios  que  los  exiliados  sudamericanos  reunieron  desde  el  exterior”.

La preocupación de agentes y, sobre todo, de funcionarios encargados de la gobernabilidad era la de atenuar posibles acciones del exilio que tuviesen alguna incidencia, o que comprometieran a altos funcionarios de visita oficial. La represión ejercida a los exilios no sólo provino de los gobiernos militares de origen, sino que la violencia se desdoblaba en una comunicación entre departamentos migratorios, oficinas del Servicio Exterior y departamentos de policía. La exteriorización de la persecución política iba más allá de las fronteras y su objetivo radicaba en bloquear, disminuir, impedir e incluso exterminar las acciones o actividades que pudiesen despertar opiniones contrarias a los regímenes dictatoriales en los países de asilo, como resultó con México.