Nadie podría imaginar el uso extremo de la violencia en un estadio de fútbol, un centro para detener, torturar e interrogar a personas, estudiantes, opositores de un régimen, crear laboratorios de conflictos deportivos con sus grupos porriles o establecer lugares de traslado y desaparición. Aunque los casos de uso político en los estadios en América Latina no son siempre iguales, unos han resultado de estrategias militares y policiales con claros objetivos de violar los derechos fundamentales de las personas. Llama la atención la ocupación de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México en 1968 por elementos del Ejército y agentes que fueron instruidos y contratados para provocar conflictos dentro de los recintos, crear grupos porriles y de choque, así como espacios de vigilancia y persecución; generadores de violencia que usaron tanto el circuito del estadio como los túneles para realizar detenciones, interpelaciones y abusos a estudiantes.

Otros casos conocidos son la detención masiva de personas en el Estadio Nacional de Chile durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, donde se calcula que fueron recluidas de siete mil a 40 mil personas; el Estadio de Chacarita en Buenos Aires, que durante la dictadura argentina fue usado como centro de detención clandestina; el Estadio de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, que fue utilizado como centro clandestino de detención, interrogatorio y tortura; y el Estadio Sergio León en Chinandega, Nicaragua, que se usó como prisión masiva durante la Revolución sandinista y la guerra contrarrevolucionaria de los años ochenta, entre muchos otros ejemplos en el mundo.