En México, las leyes que explican y norman el derecho a la memoria son de orden público, su interés es para toda la sociedad y su observancia es obligatoria. En la lógica internacional de los derechos humanos se nombra también a esta ética como derecho a la verdad.

Podría parecer que el derecho a la memoria ubica prácticas de recuento del pasado que no son parte del quehacer, o el interés, de los profesionales de la historia. Pero su importancia es mucho más compleja. Se trata de la garantía legal que una sociedad ha construido para dar respuesta y evitar en lo posible diversos registros de violencia que el gobierno acciona sobre los ciudadanos. Dichos actos lesivos de la autoridad van desde la omisión y la negligencia en su actuar, hasta el crimen de estado.

Y si de faltas o delitos imputables a la autoridad se trata, hay que pensar el derecho a la memoria/verdad desde dos dimensiones. Primero como las premisas que buscan reconstruir el pasado con un proceso penal, documentando las conductas punibles y los hechos delictivos, así como el incontestable señalamiento de los perpetradores. Ello requiere también implementar medidas tendientes a resarcir el daño ocasionado a las víctimas. Otra dimensión necesaria es aquella que funda y perpetúa el registro, respeto y difusión de la memoria colectiva antes negada. El estado mexicano ha reprimido, infligido sistemática violencia sobre su población, actuado en menoscabo de los derechos humanos de su pueblo, administrado y ejecutado vejación y delito en infinidad de ocasiones. Las leyes de verdad y memoria en México son consecuencia de una reflexión colectiva acerca del pasado violento para intentar conciliar los términos de la convivencia, restaurar una voluntad democrática fracturada y restablecer la normalidad en la vida del país.