Años más tarde, en 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales en el país mediante un régimen de dominio mixto. Salinas de Gortari argumentó en su propuesta que muchos países del mundo, incluyendo los de Europa del Este ya la habían reformado para convertirla en mixta o estaban prontos a transformarla y que los recursos que se obtuvieran con su enajenación fortalecerían la estabilidad económica de México y ampliarían las perspectivas de desarrollo a largo plazo, además, atenderían las demandas de los sectores pauperizados de la sociedad.

En el proyecto de ley, aprobado el 12 de mayo de 1990, también se señalaba que el Estado conservaría “una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas”. En aquel entonces, el gobierno mexicano controlaba la propiedad de 18 bancos y 17 de ellos eran los más grandes de América Latina. El dictamen fue avalado por 339 votos a favor, 54 legisladores votaron en contra y 12 se abstuvieron. El 21 de mayo el Senado de la República sancionó en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio de ese mismo año. Como sucede con este tipo de medidas precipitadas y radicales, se generó una fuerte polémica que avivó las críticas y el descontento contra el régimen salinista. En los años siguientes, grupos financieros trasnacionales como Citigroup, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (bbva) o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (hsbc), se apoderarían a bajo precio, de casi todas las instituciones bancarias mexicanas. En esta colección recopilamos algunos documentos y análisis de expertos sobre este proceso.