Desde el comienzo del gobierno español en el inmenso territorio novohispano, el Consejo de Indias decretó en reiteradas oportunidades el impedimento para que los negros, pardos (descendientes de esclavos africanos que se mezclaron con europeos e indígenas) y los mulatos, fueran libres o esclavizados, pudieran llevar artefactos punzocortantes. Esta prohibición no sólo era para los afrodescendientes de la Nueva España, sino también para los mestizos. A aquellos transgresores de esta norma se les requisaba el armamento que llevasen, además de recibir como castigo 50 azotes, y a la persona que se las hubiese suministrado lo multarían con tres mil maravedís. Sin embargo, y como se puede apreciar en esta colección, dagas y espadas podían ser portadas por mulatos siempre y cuando se obtuviera una licencia para ello. Estos permisos eran otorgados por las autoridades coloniales (virreyes, presidente de la Audiencia, gobernadores y alcaldes mayores), a los que el Consejo de Indias continuamente se les opuso para que entregasen esas licencias a los individuos que pertenecieran a cualquiera de las poblaciones antes indicadas. 

Como ha sido señalado por algunos historiadores, la expedición de estos permisos puso en evidencia una contradicción: por un lado, la gran preocupación, o mejor dicho el pavor, del gobierno virreinal por dar acceso al uso de armas a grupos que se consideraban susceptibles de levantarse dada su condición social, y por el otro, la gran necesidad de gentes armadas para ser empleados en la custodia de las autoridades coloniales, el control de los motines, alzamientos internos de la población y para las milicias que estaban encargadas de la protección de las fronteras territoriales contra los invasores extranjeros de otros imperios europeos.