Desde entonces y hasta principios del siglo xx, el gobierno y los yaquis se enfrascarían en una serie de luchas, de negociaciones y de radicalización por parte de ambos bandos, que desembocarían en la insurrección iniciada el 31 de julio de 1899. Uno de los principales factores que la detonó fue la Ley de Colonización y de Deslinde de Terrenos Baldíos, decretada por el gobierno de Manuel González, que propició despojos y crímenes por parte de las compañías deslindadoras extranjeras. Cansados de los saqueos y atropellos constantes, los yaquis decidieron romper los acuerdos de la llamada “Paz de Ortiz” de 1897, pues mientras ellos prometieron deponer las armas y volver a la vida civil en sus pueblos, los ingenieros designados por el gobierno continuaron con su labor de delimitar los terrenos del valle. Ante esto, los yaquis expusieron: “Lo que queremos es que los blancos y los soldados se vayan. Si se van voluntariamente, tendrán paz; si no, declararemos la guerra, porque la paz que firmamos en Ortiz tenía por condición que se fueran los blancos y los soldados, y esto no se ha cumplido”. A pesar de las importantes bajas y las matanzas que sufrieron, los yaquis no se rendirían ni abandonarían sus tácticas guerrilleras por lo que el gobierno de Díaz adoptaría como solución su deportación masiva hacia el centro y el sur de México de modo sistemático, proceso que duraría hasta 1908. En la colección que presentamos en esta ocasión ofrecemos material documental y visual que da testimonio de las dificultades enfrentadas por este valeroso pueblo.