Archivos públicos y acceso a la información
En 2002 entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que incluyó la redefinición del acceso a los archivos públicos históricos. Esto ocasionó una serie de discusiones entre los historiadores y también en el campo de la archivística, pues en lugar de verlo como algo benéfico se consideró que éste junto con la transparencia se habían subordinado a criterios políticos. Sin embargo, dicho ejercicio sirvió para que ambos se dieran cuenta de que no era posible obtener la información, transparencia y rendición de cuentas si éstos carecían de una organización.
Desde que se creó el Archivo General y Público de la Nación en agosto de 1823, momento en que a la par se estaba dando forma también a la República mexicana, las autoridades de nuestro naciente país, consideraron importante crear un establecimiento de servicio público donde se depositaran los documentos virreinales, los del Primer Imperio y los que se generaban en esa nueva administración del México independiente. Con el paso de los años estas inquietudes han permanecido y los mecanismos para mantener el acceso a la documentación generada se han sofisticado cada vez más. De igual forma se ha mejorado el proceso para su consulta y catalogación, con la idea en mente de que cuando los documentos se encuentran desorganizados, se alteran o se ocultan, se hacen presentes consecuencias como actos de corrupción, desconfianza y no se puede ejercer una democracia plena. Asimismo, se cree que el entrar a la información, a través de los archivos públicos, enriquece nuestro conocimiento sobre la sociedad, protege a los ciudadanos, mejora nuestra calidad de vida y fomenta el derecho a la memoria. En esta colección incluimos textos referentes para acceder a ésta y aprender más sobre este tema.