A inicios de la segunda década del siglo xx, México experimentó una revolución social que, entre otras cosas, exigía el respeto a la voluntad popular para elegir a los gobernantes. Este movimiento sociopolítico puso fin a la dictadura del general Porfirio Díaz que, por más de 30 años había gobernado. Para mantenerse en el poder, tanto Díaz como los integrantes del régimen porfirista habían manipulado elecciones, recurrido a la censura y a la persecución de opositores, entre otras acciones que, para validarlas, ajustaban la legislación acorde a las necesidades de la clase gobernante, y de esta forma lograron mantener el monopolio político. Cuando inició la revolución maderista en noviembre de 1910, surgieron nuevos actores políticos o bien se adaptaron a las nuevas circunstancias.

Sin embargo, los mecanismos de control sobre las masas en cuestiones electorales se mantuvieron. Las mujeres no tenían derecho al voto y mucho menos a ejercer cargos de elección popular. El voto, aunque secreto, no lo era del todo porque los líderes revolucionarios y contrarrevolucionarios manipulaban a los electores. A pesar de las promesas de Francisco I. Madero para impulsar la democracia, ésta no llegó, y, después de su asesinato, el grupo revolucionario comenzó a fracturarse, lo que daría paso a nuevos grupos de poder que, al triunfo de la Revolución en 1920, dieron origen a un nuevo monopolio del poder político que con el tiempo se perfeccionó e “institucionalizó”. De hecho, con el cambio de nombre del partido de la revolución a “Revolucionario Institucional”, los controles de las masas a través de las agrupaciones obreras, campesinas, populares, entre otras, “legalizaron” el acarreo de electores, la “venta del voto” y otros chanchullos políticos que han llegado hasta nuestros días o que se han perfeccionado.