Diversos actores del Estado fueron cómplices y perpetradores de crímenes y graves delitos por haber planeado, privado de la libertad, retenido, intimidado, amenazado, perseguido, espiado y torturado a personas con actividades políticas o a ciudadanos inocentes. Funcionarios y altos mandos de la Policía y el Ejército se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en la segunda mitad del siglo xx, sin que hubiese un procedimiento judicial o una investigación expedita por algún juzgado o fiscalía que los obligara a acatar las penas que emanan de la ley. Los centros de detención clandestinos generalmente se ubicaban en instalaciones de la Policía o el Ejército y en los estacionamientos y mazmorras de Tlaxcoaque.

Desaparecer a las personas vulnera el tejido individual, familiar y social. Las repercusiones psicológicas y físicas son de alto impacto y dañan a los individuos para toda su vida. La desaparición forzada se convirtió en un fenómeno de dimensiones criminales sin precedentes saliéndose del control de las instancias de procuración de justicia. Los perpetradores realizaban levantones y secuestros rápidos extremadamente violentos. Integrados a diferentes grupos, se les conoció como agentes de guante blanco, la Brigada Blanca o la Brigada Especial; soldados del Ejército actuaron contra campesinos; agentes de la Dirección Federal de Seguridad (dfs), judiciales y pistoleros a sueldo, cuya orden consistió en infiltrar a sus elementos para actuar contra los opositores.