Una brutal represión militar desatada contra la comunidad de El Quemado, en el estado de Guerrero como represalia por una emboscada tendida por la guerrilla de Lucio Cabañas el 23 de agosto de 1972 dejó una huella imborrable en esta población. Tras el ataque guerrillero en el Arroyo Oscuro, el Ejército, al no capturar a sus objetivos, detuvo de forma masiva e ilegal a decenas de campesinos de este lugar. Los hombres fueron concentrados, encerrados en una “casa de seguridad” y una escuela, y sometidos a terribles torturas. Testimonios como los de Avelina Morales y Luis Radilla detallan la crueldad: golpizas, hambre y vejaciones.

Los detenidos fueron trasladados a un cuartel en Atoyac y luego a la zona militar de Acapulco, donde la tortura continuó. Varios murieron a causa de los golpes, como Ignacio Sánchez, y sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familias, permaneciendo en calidad de desaparecidos. Mientras los hombres sufrían la detención, las mujeres quedaron en el pueblo, aisladas y hostigadas permanentemente por los militares. Los sobrevivientes fueron sentenciados de manera injusta a 30 años de prisión por delitos infundados, sin haber tenido en realidad contacto con la guerrilla de Lucio Cabañas. Aunque muchos salieron gracias a amnistías tras unos meses o años, el caso de El Quemado es un ejemplo del terrorismo de Estado ejercido en México durante las décadas de 1960 a 1980. Casi 50 años después, las víctimas siguen esperando una justicia de reparación y la declaración de su población como un Sitio de Memoria.