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Sociedad
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Alumbrado público

Históricamente instalar, dar mantenimiento y modernizar el alumbrado público ha sido una de las principales preocupaciones de los gobiernos locales. Esto debido a que éste brinda la visibilidad necesaria para el desarrollo de las actividades en el espacio público y permite la convivencia de la comunidad. Por otro lado, las calles alumbradas están de forma directa relacionadas con la reducción de la inseguridad; esto, aunado a su costo de miles millones de pesos y su impacto ambiental, ha convertido a la iluminación de las calles en un tema prioritario en cada administración.

La oscuridad se ha relacionado con lo oculto y lo prohibido, por ello la humanidad ha utilizado la tecnología para conquistar las sombras, llevando la modernidad a los espacios urbanos y haciendo más eficaz la vigilancia de la población. En México el alumbrado público existe desde el virreinato y se fue modernizando desde la utilización de farolas de aceite y resinas, lámparas de gas y petróleo, hasta la energía eléctrica.

En 1783 la avenida Ortega (hoy República de Uruguay) se convirtió en la primera calle alumbrada de la Ciudad de México, como era habitada por la clase alta, cubrir los altos costos de la iluminación artificial no fue un problema, pues la prioridad era no caerse al caminar y protegerse de la delincuencia.

Para 1868 se colocaron las primeras lámparas de gas en la calle San Francisco (hoy Francisco I. Madero) y las siguientes en la calle Plateros. Para 1872 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró en la Alameda 200 luminarias de gas hidrógeno, lo que muestra que era prioridad alumbrar los parques y avenidas principales donde los capitalinos se reunían para disfrutar de la noche.

La luz eléctrica llegó a la capital a finales del siglo xix, en 1881, cuando por órdenes de Porfirio Díaz se instalaron 40 lámparas incandescentes en el Zócalo y calles aledañas y 100 más en la Alameda Central, Chapultepec y Paseo de la Reforma. El alumbrado permitió disfrutar el espacio público. Para 1894 inició el cambio de las lámparas de gas por eléctricas, lo que más tarde llevaría a la creación de la Compañía de Luz y Fuerza de Centro.

En la actualidad este servicio se paga de los impuestos de los ciudadanos; en algunos estados se incluye un porcentaje en la tarifa de la energía eléctrica y en otros se desglosa en el recibo de luz un concepto de Derecho al Alumbrado Público.