Asimismo, la notificación y el beneplácito de las fuerzas constitucionalistas al dar cuenta de la muerte de Zapata, supuestamente “en combate”, a los principales diarios nacionales como El Universal, Excélsior, El Demócrata, El Pueblo y el ABC, admitiendo la importancia de dar a conocer la noticia a través de fotografías para contribuir a “la pacificación del país”. Estos documentos muestran la estrategia que adoptaron: citando al caudillo para una transacción de armamento y municiones, lo que se convirtió en una evidente emboscada.

El cuerpo del Atila del Sur fue acribillado a mansalva por sus enemigos, quienes, al atestiguar su muerte y la de sus hombres, lo trasladaron a Cuautla para dar fe y certificación del cadáver “de quien en vida llevaba el nombre de Emiliano Zapata”; el examen de ley lo realizó el licenciado Manuel Othón Ruiz Sandoval, juez de primera instancia en la Inspección de Policía de aquella ciudad.

Los detalles de su traslado y su presentación también se consignan en los informes zapatistas sobre el ataque a su líder militar logrando movilizar misivas y posiciones políticas frente al asedio del constitucionalismo, pero sobre todo la versión del Ejército Libertador del Sur con la traición a su líder consistió en la de manifestar la continuidad de una lucha cada vez más vigorosa y acendrada enalteciendo la figura del inmortal Jefe del Sur.