La memoria se concibe como un espacio que alberga el pasado, donde se inscriben piezas tan antiguas como las ruinas o elementos tan vivos como las lenguas, prácticas y tradiciones, diversidad gastronómica, fiestas, rituales y todo aquello que conforma la riqueza histórica, natural, social, económica y política del país.

Restringir el derecho a la memoria implica reconocer que por descuido, olvido y destrucción, el amplio patrimonio cultural, político y social se ve comprometido en el presente. Lo mismo ocurre con la memoria política de los movimientos sociales que han impulsado demandas y cambios necesarios para la sociedad. Si por omisión o desmemoria se borran los procesos del pasado, ese derecho a saber lo que ocurrió se ve obstaculizado y, por tanto, anulado.

Es deber de todos construir el derecho a la memoria, que comprende una serie de amplias medidas en las que intervienen muchas personas e instituciones que hacen visible este derecho. Movilizaciones, antimonumentos, museos, sitios de memoria, intervenciones, programas educativos, talleres, políticas de repatriación, restitución, reparación y no repetición permiten construir los procesos de recuperación de la memoria histórica.