Archivos en México: la Ley y el Registro Nacional
En México existen 7,031 archivos o sedes que resguardan documentación de interés público fundamental para la memoria del país. Los conforman todas las entidades, órganos y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y los fondos públicos, así como las personas físicas, morales o sindicatos que reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y quienes cuentan con archivos privados de interés público.
Los archivos son sujetos obligados que se rigen por la Ley General de Archivos vigente desde junio de 2018, que establece los principios y las bases para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean.
Dicha Ley determina las bases de organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, la difusión y el acceso público de los archivos de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación, los cuales deben estar incluidos en el Registro Nacional de Archivos y ser coordinados por el Archivo General de la Nación.
El manejo y la administración de los documentos públicos nos beneficia a todas y todos, pues nos permite identificar y comprobar posibles actos de corrupción, injusticia, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos. Por ello, es fundamental tener archivos que fomenten la memoria de México para acabar con el olvido y reducir la impunidad; archivos cuya información nos permita reescribir los hechos violentos e injustos de la historia sumando voces y perspectivas que ayuden a prevenir su repetición y garanticen el buen funcionamiento de los sistemas de justicia y de transparencia.
