En línea con la Convención, el 4 de diciembre de 2014, en México fue promulgada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el capítulo cuarto de dicha ley se aborda el derecho a vivir en familia, en cuyo artículo 22 se estipula: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. 

Sin embargo, en el reporte 2020 de la Unicef en México, se da constancia de que la institucionalización es la forma más recurrente del Estado mexicano para otorgar cuidados a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones que los alejan de sus hogares. Sirva esta colección para visibilizar la diversidad de lo que conocemos como familia y coadyuvar a una reforma profunda e integral al sistema de cuidados alternativos en México para adoptar y trazar una política de desinstitucionalización gradual que permita garantizar el derecho de la niñez a vivir en un entorno familiar que le brinde protección y cuidado.