Tales procesos estuvieron íntimamente ligados al fuero ordinario o común, es decir, el tipo de castigos aplicados a los súbditos del rey y, en tiempos republicanos, a los ciudadanos caídos en desgracia. La ritualidad de la pena en este fuero se caracterizó por la teatralidad y la parafernalia que acompañaron al espectáculo público que degeneró, en opinión de las autoridades, “en penosos espectáculos que remplazaron la ejemplaridad por un vil espectáculo morboso alejado de sus objetivos”.

Además del fuero ordinario, resistieron el embate de la revolución de Independencia novohispana el eclesiástico y el militar, cada uno con sus propios ordenamientos en torno a la impartición de justicia, sus penas aplicables y sus propios ritos, siendo la del fuero castrense un espectáculo privativo de sus miembros, lejano y ajeno a los ojos de la población en general. Era la fuerza del Estado la que se manifestaba en sus ejecuciones pues, como apunta Max Weber, éste es el que detenta la potestad para ejercer la violencia de forma legítima, por ejemplo, para erradicar a sus enemigos.

Pese a la ritualidad vedada, a través de leyes castrenses del siglo xix y algunos políticos coetáneos y estudiosos contemporáneos del proceso judicial seguido al general Vicente Guerrero, se pueden ofrecer algunas pinceladas que nos permiten acceder a ese otro mundo del castigo y el rito en el ámbito militar y explicar por qué sobre este hecho no existen representaciones artísticas, como por ejemplo aquellas realizadas para dar cuenta del fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, en 1867.

Luego de sus cautiverios —el camarote del Colombo, después en una cueva con entrada al mar en Huatulco—, Vicente Guerrero fue conducido a Oaxaca y llevado por caminos desconocidos por la población hasta su último encierro y destino: el Convento de Santo Domingo, un convento dominico en el pueblo de Cuilapam, sitio donde tuvo lugar su proceso judicial-militar; los llanos frente a dicho convento sirvieron de escenario para llevar a cabo el ritual justiciero.

El 10 de febrero de 1831, el Consejo de Guerra ordinario, el órgano competente para juzgar de todos los delitos contra la disciplina militar, votó por unanimidad la sentencia de Guerrero, luego de que se negara a decir más nada en su defensa.

El 11 de febrero de 1831, Guerrero escuchó su sentencia: se le declaró culpable del delito grave gravísimo de lesa nación y, por lo tanto, merecedor a ser pasado por las armas. Del 12 al 14 de ese mes se le mantuvo en un último cautiverio en una celda en la que se le puso “en capilla”, como parte de los preparativos para la ejecución, teniendo derecho a un confesor “para que se prepare cristianamente”.

Según las ordenanzas vigentes del fuero militar, en su tratado VIII, título V, artículos 61 y 64, llegada la hora de la ejecución se mandaría a buscar al criminal con buena custodia, se le pondría a la cabeza de las tropas del destacamento, llevándole en medio de él, delante de las banderas o estandartes, “se le hará poner de rodillas, el escribano leerá la sentencia en voz alta, y se le llevará al paraje donde hubiere de ser ejecutada, acompañándole el capellán para exhortarle”.

Así se hizo con él: el 14 de febrero, solemne, estoico, una vez de pie él mismo se colocó la venda en los ojos. Escuchó el accionar de los fusiles y luego el sonido de los disparos que impactaron contra su cuerpo. Un hondo eco y un olor a pólvora, como el remanente de una vida que se despedía, fueron percibidos por el grupo de militares que presenció la ejecución de un prócer de la patria, que en nombre de la misma vivió, luchó y también murió.

En la ritualidad propia de la justicia castrense, la ejemplaridad atribuida al fuero ordinario no resulta operante; es la fuerza del Estado la que importa, y ese alejamiento de la mirada pública puede que explique que este hecho haya pasado desapercibido en las representaciones artísticas, aunque también tal ejecución, al constituir una mancha en el historial del Ejército nacional contra el que posteriormente fue considerado un prohombre de la patria, ofrezca una razón de mayor peso.

La insurgencia, aunque tenaz, perdió cohesión, en parte socavada por las rencillas internas y por la estrategia realista. Los enclaves rebeldes, aislados y acorralados, fueron mermados significativamente cuando el virrey Juan Ruiz de Apodaca blandió, con mucha fortuna, el arma del indulto, con lo que jefes de muy variada importancia se rindieron. No obstante, en los informes despachados por el virrey persistieron tres nombres: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Bravo cayó prisionero, Victoria se esfumó en la selva veracruzana y Guerrero se fortificó en el inaccesible sur, desde donde siguió extenuando a las fuerzas realistas. El restablecimiento del orden constitucional de la monarquía española en 1820 hizo creer a las autoridades de la metrópoli que los rebeldes cesarían en sus intenciones al otorgarse la participación política como parte de los derechos ciudadanos. Sin embargo, como Guerrero señaló desde su cuartel sureño, no fue reconocida la igualdad plena de los derechos, en directa alusión a la población de sangre africana.¹ Tampoco los criollos militantes en las filas realistas estaban conformes, ya que la Nueva España continuaría bajo el mando de los peninsulares, condición inadmisible por las élites criollas cuyo nacionalismo se había acrecentado en los frustrados intentos de inclusión política e intelectual, así como por la indignación que causaba la constante sangría de caudales novohispanos destinados a la insaciable metrópoli.

La puesta en práctica de los derechos ciudadanos dio lugar a la elección de diputados provinciales, de diputados a Cortes y a los ayuntamientos constitucionales, lo que aceleró la politización de la población en todos los niveles y la libertad de imprenta dispersó las ideas, que fueron ampliamente discutidas, todo lo cual provocó desasosiego entre las autoridades, reacias a permitir tantas concesiones. El mismo Apodaca vio reducida su jurisdicción al ser nombrado Jefe Político Superior de la Nueva España, además de no estar de acuerdo con el rumbo que tomaban los asuntos de gobierno en la Península con la aplicación de la Constitución de 1812, que consideraba peligrosamente liberales.²

La realidad fue propicia para que las fuerzas antagónicas de origen americano se acercaran. Ninguna de las partes podía vencer sin la anuencia e integración de la otra, y de eso fueron conscientes el mestizo insurgente Vicente Guerrero y el criollo realista Agustín de Iturbide. El pacto entre ambos, concretado en el Plan de Iguala el 24 febrero de 1821, contrarió a unos pero entusiasmó a muchos. En poco tiempo la trigarancia venció las escasas resistencias y levantó el ánimo de los mexicanos que abrazaron la llegada de la paz y festejaron la caída del régimen colonial.

Las tropas trigarantes y las insurgentes fueron las primeras en desfilar tras la bandera tricolor frente al Palacio. El último Jefe Político Superior de la Nueva España, Juan de O’Donojú, dio la bienvenida a los independentistas que tomaron posesión del viejo palacio virreinal para alojar al nuevo gobierno nacional. Como acto inicial y supremo en que se erigió la nueva nación, el 28 de septiembre de 1821 fue firmada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, con la notoria ausencia de los antiguos insurgentes.

La efímera concordia se diluyó en la marea de las divergencias políticas y la delicada situación económica. Iturbide se coronó monarca, los republicanos lo echaron, la República Federal fue declarada y los antiguos insurgentes se pusieron al frente del gobierno. Entre los debates del Congreso estaba el desagravio a los caudillos de la Independencia muertos durante la guerra y que se tradujo en el decreto del 19 de julio de 1823, que declaró beneméritos de la patria en grado heroico a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Jiménez, Xavier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Y el reconocimiento a los que vivían: Bravo, Victoria y Guerrero también fueron honrados por el Congreso como beneméritos de la patria. Los tres fueron triunviros en tanto se promulgaba la Constitución y los tres aspiraron a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo.

Durante los últimos meses del gobierno de Victoria, Guerrero fortaleció sus convicciones republicanas federalistas y con su popularidad venció a los que con desprecio lo llamaban “el negro Guerrero”. Los yorkinos ganaron la batalla a los partidarios de Manuel Gómez Pedraza a pesar de haber ganado éste por el voto de las legislaturas locales. Lo habían vencido a través de una firme red de alianzas y un motín que exaltó el ánimo popular en favor del antiguo insurgente en la capital del país: “... se presentó Guerrero y al pie del solio, leyó con voz alta la fórmula del juramento, después se colocó bajo el dosel (que también se estrenó y quedó magnífico), a la izquierda del presidente de la Cámara y leyó un discurso que es regular se imprima, pero leyó con energía y bien demostró el payo que sabe leer con desengaño de muchos que estaban ahí presentes”.³

Así estampó en su Diario Carlos María de Bustamante el acto de la toma de posesión de la presidencia de la República del general Vicente Guerrero, ocurrida el 1º de abril de 1829. Se habían comenzado, unas semanas antes, los trabajos parlamentarios en el nuevo salón de sesiones de la Cámara de Diputados, bellamente construido en Palacio Nacional. Ese día se estrenó la sillería de bálsamo para los legisladores quienes, desde lo alto, estaban bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe y del Dios omnipresente de los masones.

Su gobierno enfrentó severas críticas por su política económica. Deseaba proteger y fomentar la producción local y a la vez requería que las arcas tuvieran mayor captación fiscal. Estas medidas, más las que empleó contra la libertad de imprenta, le generaron confrontación con los estados, algunos de los cuales lo acusaron de centralista. El ejercicio del gobierno se llenó de pequeñas y grandes batallas arduas de pelear, pero fue el alegato de la falta de legalidad de su poder la espada con la que lo impugnaron sus opositores.⁴

En diciembre del mismo año de su ascenso salió a combatir una guerra cuyos frentes se habían multiplicado en su contra. A la postre, el héroe de Tixtla fue burlado y llevado al paredón. No había tenido la misma fortuna en la política como la tuvo en el campo de batalla, donde honró su apellido con formidable audacia, y fue en este papel en el que su imagen perduró y en el que fue representado. Dos años después de su muerte, su nombre fue reparado con la ratificación del decreto que lo hizo benemérito de la patria y reafirmó su sitio en el catálogo de los principales actores de la lucha libertaria. Y junto con los otros héroes, se convirtió en patrimonio cívico nacionalista de los mexicanos.

Al arribar al añoso Palacio Nacional, Maximiliano dispuso la realización de la “Galería Iturbide”, un discurso pictórico para dar legitimidad, a través de las más señeras figuras históricas, a su gobierno. Para ello encargó una serie de retratos, de gran mérito académico, de Agustín de Iturbide, en su carácter imperial, y de los insurgentes: Hidalgo, Allende, Morelos, Matamoros y Guerrero, este último pintado por Ramón Sagredo en 1865.⁵ El pintor lo representó en uniforme de general, aunque con botas y capote de paisano que, con los personajes de su tropa, nos recuerdan su origen. El brazo derecho aparece flexionado, tal como le quedó después de un combate donde recibió una herida en el codo. Atrás reposan su espada, su sombrero paisano y el papel que alude al fin de la guerra y su avenencia, en aras de la unión, con Iturbide.

Más de un siglo después, al conmemorarse los 150 años de la Consumación de la Independencia, por decreto del presidente Luis Echeverría se mandó colocar en lugar preeminente de las sedes de los poderes la frase “La Patria es primero”,⁶ con la que Guerrero rechazó rendirse por intermediación de su padre. En virtud de ello, el lema fue inscrito en los salones de sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en el salón del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, muy significativamente, en el muro de la escalera de honor de Palacio Nacional. Así, quienes componen los poderes de la Unión, en su ascenso al puesto y en su diaria labor, no pueden pasar por alto el fin y objetivo de su cargo.

De acuerdo con el investigador Sergio Pérez Cortés, la palabra “olvidar” desciende de la latina oblitare u obb-litterae, que significa “borrar las letras”, “abolir” o “suprimir”. Entendido así, el olvido no es simplemente la ausencia del recuerdo, sino su cancelación. En este sentido, la decisión del Congreso de anular la remembranza de Guerrero correspondería puntualmente con la etimología de la palabra “olvido”. Pero, si éste tiene como condición la existencia previa de un recuerdo, entonces, para el caso que nos ocupa, es necesario profundizar en el significado que tuvo la conmemoración del aniversario luctuoso antes de eliminarse.