El mismo día del Golpe de Estado, Augusto Pinochet encabezó la Junta de Gobierno conformada por el
general Gustavo Leigh, comandante de la Fuerza Aérea, el almirante José Toribio Merino, comandante
de la Marina, y el general César Mendoza, director general de Carabineros. La Junta, creada bajo el
Decreto de Ley N.º 1 suscrito por sus cuatro integrantes, asumió el control total no sólo del Poder
Ejecutivo, sino también del Legislativo, luego de disolver el Congreso Nacional.
Se impuso así una dictadura militar que se extendió hasta 1990 y que, bajo su mando, restringió los
derechos civiles y políticos, instaurando en varias ocasiones el estado de sitio que suspendía las
garantías constitucionales y permitía la detención de personas sin orden judicial, controlando a la
oposición política y reprimiendo cualquier forma de disidencia, y ordenó el toque de queda, que
prohibía la libre circulación de las personas. Ambas acciones permitirían el control total sobre los
ciudadanos. Determinó también la ilegalidad de algunos partidos políticos y el receso de otros; la
censura a los medios de comunicación y la detención y expulsión de miles de dirigentes políticos
opositores. Para asegurar el control creó, entre 1974 y 1977, una policía secreta denominada
Dirección de Inteligencia Nacional (dina) que más tarde, entre 1977
y 1990, pasaría a ser la Central Nacional de Informaciones (cni),
organismo responsable de la represión política que incluyó prácticas de detención, tortura,
ejecución y desaparición de opositores y que hoy han sido reconocidas y validadas legalmente como
violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Este clima de terror y persecución aplicó también
el destierro como medida de control, expulsando del territorio a miles de personas que se vieron
obligadas a encontrar y asentar su futuro lejos del hogar.
Pinochet se mantuvo al frente del gobierno y las fuerzas armadas por 17 años, ostentando un cargo en
el Congreso como, auto nombrado, senador vitalicio, que obstaculizó cualquier intento de la
justicia. Fue acusado de múltiples delitos, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos. El 25 de
abril de 1990, Patricio Aylwin, primer presidente chileno postdictadura, creó la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación que tuvo por misión contribuir al esclarecimiento de las principales
violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de
1990. Dicha Comisión fue presidida por el abogado Raúl Rettig e integrada por ocho miembros, de los
cuales cuatro estaban vinculados a la derecha política. A principios de 1991, se entregó un informe
final, conocido como el Informe Rettig*, en el que constan 3.550 denuncias, de las cuales
2.296 fueron consideradas casos calificados, es decir, cuando éstos se cometen con
premeditación, ventaja, alevosía o a traición.
En 1998 Pinochet viajó a Londres para realizarse una operación quirúrgica y a petición del juez
español Baltazar Garzón, fue detenido por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
contra ciudadanos españoles. En el año 2000 el dictador regresó a Chile gracias a un resquicio
legal; ahí continuó enfrentando múltiples procesos judiciales y murió en 2006 sin haber sido
condenado por ningún delito.
