A contracorriente de la configuración del régimen autoritario en México, la sociedad se transformó y de ella surgieron importantes expresiones de independencia política, ideológica y en favor de la democracia que cuestionaron el orden vigente. Entre esos sectores no sólo se encontraron las organizaciones políticas más activas o los petroleros y ferrocarrileros disidentes, sino también campesinos, mineros, profesores, estudiantes y jóvenes de generaciones más conscientes, médicos, trabajadores de distintas profesiones, mujeres, madres, una amplia gama de organizaciones populares independientes y movimientos armados que recurrieron a todas las formas de lucha frente a las circunstancias imperantes. Todos ellos cuestionaron la visión promovida del triunfo de la Revolución y su continuidad.

El gobierno y las instituciones de vigilancia identificaron a todo aquel segmento politizado como una amenaza para el orden vigente. El comunista era el enemigo interno por excelencia, perspectiva alimentada por la visión dominante durante la Guerra Fría, pero el espectro del sujeto peligroso se extendió al amplio abanico de actores y movimientos. A través de los expedientes formados por los agentes se construyeron las etiquetas, los estigmas y se reprodujeron los prejuicios sobre una gigantesca amenaza para la nación. La criminalización y estigmatización se reproducía y amplificaba por la prensa oficialista que negaba la validez de las demandas sociales o el carácter político de posicionamientos más desarrollados.

Desde fines de la década de 1950 proliferaron numerosos movimientos sociales y políticos, como parte de las luchas de liberación vividas en América Latina, que exploraron todos los cauces posibles e incluso se plantearon la lucha armada para una nueva revolución frente al autoritarismo y la represión existentes, con catalizadores importantes a partir de los crímenes de Estado de 1968 y 1971. Entre esas agrupaciones encontramos un amplio abanico de expresiones, desde el Grupo Popular Guerrillero encabezado por Arturo Gámiz al norte del país, pasando por los liderados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, las guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre, hasta los núcleos en Chiapas de las Fuerzas de Liberación Nacional.

Las instituciones de espionaje y represión del Estado recrudecieron su actuar no sólo con las insurgentes, sino también con cualquier manifestación campesina, obrera, sindical, estudiantil, magisterial y popular en el campo y la ciudad. Se desencadenaron persecuciones, encarcelamientos, detenciones-desapariciones y desapariciones forzadas, todas violaciones graves a los derechos humanos que incorporaron en el campo de lo reprimible a familiares, amigos y relaciones cercanas a los sectores políticamente más activos, en actos que pueden ser calificados como terrorismo de Estado. Tampoco escaparon de esta órbita las organizaciones y movimientos que exigieron el cese a la represión, defendieron a los presos políticos y pugnaron por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos.