El documento consta en realidad de dos partes: la primera es el acta de identificación del cadáver de Emiliano Zapata, realizada por el juez de primera instancia Manuel Othón Ruiz Sandoval a las 22 horas del 10 de abril de 1919; la segunda fue hecha al día siguiente por el secretario general del Departamento de Administración Civil del estado de Morelos, certificando la firma y el sello del licenciado Ruiz Sandoval. La intención de verificar la identidad del cadáver de Zapata a tan sólo unas horas del asesinato era dar una dimensión jurídica al acontecimiento, creando una evidencia irrefutable, legal, de que Zapata estaba —como dice el documento— “bien muerto”.

Para respaldar los dichos de este documento se incluyen varios testigos; uno de los más destacados es Eusebio Jáuregui, quien fue miembro activo del ejército libertador del sur hasta que convino con Pablo González una amnistía que le permitió retirarse a ser agricultor en Cuautla. Jesús Guajardo se le acercó para pedirle una recomendación para hablar con Emiliano Zapata, a lo cual Jáuregui accedió. Posteriormente, Jáuregui fue encarcelado y sacado únicamente para reconocer el cuerpo sin vida de Zapata; después de esto habría sido fusilado. Todas estas acciones fueron parte del mismo plan para terminar con la vida del caudillo y del movimiento suriano. Finalmente, la importancia de este documento radica en que es el único que constituye una evidencia legal de la muerte de Zapata y su existencia era vital para respaldar los comunicados y las fotos, que más tarde se darían a conocer en la prensa para enviar un mensaje muy claro de parte del gobierno constituido a la nación.