Se procedió a su aprehensión y fue recluido en la cárcel pública por unos días, luego de pagar las costas del proceso. Los armados eran menores de edad; se trataba del niño Santiago Molina, de siete años, José Molina de 11, “un tal Crescencio” y Nicolás Santos, indio sirviente del reo. Ramírez aseguró que “no dio en alquiler la vestimenta, poniendo de su cuenta los individuos sin llevar… estipendio alguno sino graciosamente”. Según el documento citado, los “romanos” recibieron en el atrio del templo de Jesús Nazareno, antes de la Purísima Concepción, hoy calle de República de El Salvador, la procesión de Jesús que acostumbraba partir del templo de Santo Domingo¹.

El 16 de abril el escribano real y de policía, Juan Antonio Gómez, citó en su despacho a los “alquiladores de arneses de armados de la capital” para notificarles lo resuelto por el señor virrey. Lo oyeron y lo firmaron: Juan Nepomuceno Echeandía, Lorenzo Lagunas, María Josefa Campos, Mariana Posada, Pedro Orozco, Eugenio Rodríguez y el propio Miguel Ramírez. Aparte de alquiladores, los cinco señores referidos eran sastres y las dos mujeres, costureras.

Contexto:
Durante su gobierno, de 1789 a 1794, Revillagigedo introdujo en la capital el servicio de vigilancia a cargo de la Real Junta de Policía, con la intención de proceder con energía en contra de los transgresores y perturbadores del orden público. Y de ello da constancia la prohibición de salir armados en las procesiones, la cual fue ratificada en abril de 1795 por el virrey sucesor, don Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, quien había sido nombrado en julio de 1794.
 

Antecedentes:
El Siglo de las Luces, con su pretensión de racionalismo, abre el camino de la modernidad. Las reformas borbónicas significaron la confrontación de un nuevo Estado laico con la Iglesia; el Estado interviene decididamente en la vida pública². Los fieles en la Nueva España vivían el cristianismo con prácticas externas, no se reducían al templo; durante las procesiones se manifestaban públicamente en las principales calles y plazas, que quedaban “sacralizadas” por la festividad religiosa. Al final de la procesión, se representaba en los atrios de las iglesias la pasión y muerte de Jesús con hombres y mujeres disfrazados de soldados romanos³.

Señala Juan Pedro Viqueira que en 1722 se prohíben en carnestolendas los festejos de inversión, que los hombres parodien a las mujeres, el joven al anciano, los civiles a los religiosos. Se prohíbe que los hombres vistan trajes de mujer para cometer actos deshonestos. El golpe final al carnaval fue la ordenanza del 20 de diciembre de 1731: por primera vez la prohibición es severa pues los transgresores serían castigados con 200 azotes y dos años de trabajos forzados en los presidios⁴.

En 1756 queda prohibido salir vestidos como soldados romanos en la Semana Mayor, y para 1784 el ayuntamiento pide mayor vigilancia en las procesiones para evitar los excesos y pleitos, como había ocurrido en años anteriores; al mismo tiempo se extinguen las enramadas, la puesta de adornos de las calles por donde pasaba la romería. Posteriormente, el 7 de mayo de 1790, quedan proscritas las tarascas y las gigantas⁵. Los fastuosos desfiles serían cada vez más controlados por las autoridades políticas.