El 19 de septiembre de 1985, el terremoto más devastador vivido en la Ciudad de México transformó no sólo la fisonomía de una de las urbes más pobladas y complejas del planeta, sino que también sacudió hasta la médula el sentido solidario y ciudadano de quienes en ella habitaban. El sismo del 85 se ha convertido en un hito en la historia de nuestra ciudad y nuestro país. A esta desgracia, el aún desconocido número de víctimas mortales y heridos, sumado a las miles de familias damnificadas, las pérdidas materiales —específicamente el colapso de grandes obras públicas— y la ineptitud para dar respuesta al desastre, evidenciaron de forma dramática a un régimen inoperante y corrupto. Conforme pasaron las horas y los días, una sociedad cada vez más solidaria y organizada vio despejarse la densa nube de polvo que permitió mirar un panorama desolador, cientos de edificios de distintos tamaños y diversas funciones se habían derrumbado desde sus cimientos. Entre ellos, el Centro Médico Nacional, uno de los ejemplos de mayor dramatismo se colapsó, el centro neurálgico de la medicina pública del país vio romper su espina dorsal.

Tras los temblores del 19 y 20 de septiembre, se suceden historias, rumores, miles de testimonios que se abren paso. En diversas miradas, aún atónitas por la destrucción, una visión, un recuerdo inexacto —atrapado quizás por un deseo colectivo— envolvió a Tlaxcoaque, la tristemente célebre Dirección General de Policía y Tránsito(dgpyt). La fuerza de la naturaleza ha echado por tierra el edificio emblema de las más oprobiosas prácticas represoras del régimen autoritario y antidemocrático.

La dramática imagen del edificio que ocupó la dgpyt del Departamento del Distrito Federal a punto del colapso fue resultado no de un desastre natural, sino de una orden explícita de Miguel de la Madrid, el entonces presidente de la República, quien, en un acto de “falsa justicia” y frente a un ya insostenible caudal de testimonios de abusos y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, da una orden que obliga a su desmantelamiento, y posterior demolición, dando inicio en febrero de 1985.

Esta decisión, que se ampara en un supuesto reconocimiento de las violaciones que los organismos policiales llevaban a cabo en el edificio de siniestra memoria, resultó en la destrucción de un escenario criminal, uno de la mayor relevancia para la restitución y construcción de la memoria de todos aquellos que de manera directa o indirecta fueron víctimas de atroces violaciones de sus Derechos Humanos. La demolición de la torre principal del conjunto arquitectónico, así como la dispersión y ocultamiento de sus archivos, se convirtió a la postre en un despojo al derecho a la memoria de todas aquellas víctimas, directas o indirectas, de régimen opresor.

Es frente a este panorama, el de la destrucción de una parte sustantiva del escenario operativo en el recinto, que nos hemos dado a la tarea, en la medida de las posibilidades que nos brindan los acervos documentales y fotográficos a los que se han tenido acceso, de plantear una reconstrucción virtual hipotética del espacio, pero, sobre todo, una visualización adecuada para distinguir los mecanismos operativos y dinámicas de uso que hicieron del conjunto arquitectónico una suerte de nodo administrativo tanto de la violencia de Estado como de la administración de la extorsión policiaca y las cotidianas conductas criminales del fuero común, ambas controladas por estos órganos policiacos. Buscamos reconstruir un escenario, lo más veraz posible, en el que los testimonios encuentren una mínima certidumbre para edificar una verdad acorde a los procesos de memoria, a los que todos tenemos derecho.