lupa
Sobrevivir Acteal
Portadilla de <p>La masacre de Acteal</p>

La masacre de Acteal

La masacre de Acteal ha sido unos de los eventos más dolorosos y violentos contra las comunidades indígenas tzotziles en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, y uno de los hechos de violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares en la región en la década de los noventa.

Las sobrevivientes de la masacre de Acteal enfrentaron diversos asedios de grupos armados provocando fuertes desplazamientos, que ya se habían agudizado en la región entre asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Algunos de ellos comenzaron a reconstruirse nuevamente desde el exilio. La artesanía y los tejidos son algunas de las actividades económicas que han hecho posible trazarse un camino y una vida en la lejanía de sus comunidades de origen. Un 22 de diciembre de 1997, Guadalupe Vázquez Luna, cuando tenía 11 años de edad se vio en la necesidad de convertirse en la madre de sus hermanas entre 5 y 7 años, quienes resultaron heridas de bala en esa nefanda operación. Guadalupe sigue luchando y exigiendo justicia por la muerte de sus padres, por las 45 personas asesinadas y los cuatro bebés que fueron arrancados de los vientres de sus madres en la masacre.

El odio y el rencor que expulsó un grupo de 90 paramilitares contra pobladores inocentes que se encontraban rezando al interior de una iglesia formó parte de una estrategia mayor de Estado para hacerle frente a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional [ezln]. El móvil de estas operaciones militares veían como un delito la ocupación de  las tierras originarias y consideraba a las organizaciones indígenas un gran obstáculo para los terratenientes y los brazos armados. La masacre fue una operación que no tuvo un debido proceso judicial y es un caso que quedó impune para las familias de las víctimas que aún demandan justicia. Veintiséis de los inculpados fueron indígenas y a 20 de ellos les fue otorgado un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación arguyendo que la Procuraduría General de la República había fabricado las evidencias de responsabilidad.