Ubicado hoy en día donde alguna vez funcionó la Refinería 18 de Marzo de Azcapotzalco, cerrada en 1991; el terreno originalmente formó parte de la red de distribución de El Águila. Con la nacionalización de 1938, aquel campo y su capacidad productiva fueron ampliados hacia 1945 hasta ocupar las 174 hectáreas que actualmente conocemos como Parque Bicentenario. La documentación histórica que ahí se resguarda desde 1999 proviene de informes confiscados a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., aunque hay expedientes también de la Huasteca Petroleum Company y la Samuel Pearson & Son Ltd. De particular interés para una historia nacional del recurso petrolero, ahí mismo hay fuentes heredadas de empresas paraestatales previas a la expropiación de 1938: el Control de la Administración del Petróleo Nacional (1925), Petróleos de México, S. A. (1933) y la Administración del Petróleo Nacional (1937).
Marzo de 1938 fue un agitado y convulso mes que marcó una nueva etapa para el mundo. En Europa la Alemania nazi ampliaba sus fronteras sin que hubiera condena alguna por parte de la Sociedad de las Naciones o las país ninguno. La Guerra Civil española desangraba a una nación fragmentada entre republicanos y franquistas. En Asia, el Imperio japonés avanzaba sobre China, mientras crecían las tensiones entre la Unión Soviética y Japón por disputas fronterizas entre Mongolia y Manchuria. En México, la nacionalización del petróleo marcó un antes y un después en la Revolución mexicana.
El conflicto iniciado en 1910 fue seguido de la guerra de facciones que, a partir de 1917, se circunscribe a un nuevo texto constitucional que incorporó las demandas políticas y sociales que inspiraron a los revolucionarios. Así, los artículos 27 y 123 fueron eje de la política social y económica del México posrevolucionario. Sin embargo, las leyes secundarias tardaron varios años en conformarse. Por ejemplo, en agosto de 1931 fue promulgada la Ley Federal del Trabajo y, finalmente, en marzo de 1938, el artículo 27 constitucional pudo implementarse a plenitud.
En esta sección ofrecemos una serie de imágenes de la época que sirven para dar un panorama que atestigüe el estado de la industria nacional un poco antes de la estatización cardenista, así como para dar idea de la vida cotidiana de quienes dependían, a diversos niveles, de aquel rubro.
Los Acuerdos de Bucareli (agosto de 1923) y las tensiones generadas durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles (México) y Calvin Coolidge (Estados Unidos) llevaron al borde de una nueva intervención por la insidia del embajador James R. Sheffield. Lo anterior provocó un cambio de representante diplomático y la llegada de Dwight W. Morrow para salvar la situación y establecer una relación bilateral más tersa. Si bien este contexto permitió a las empresas extranjeras continuar con el usufructo de los recursos naturales de México, en realidad se estaba preparando la recuperación de los éstos, como se contempló en el primer Plan Sexenal del Partido Nacional Revolucionario (pnr) de 1934, mismo que Lázaro Cárdenas ejecutó en la Presidencia de la República.
La sede de El Águila se hallaba en los números 92 y 94 de avenida Juárez, al cruce con Reforma y frente al edificio que compartirían, después de 1908, el Hotel Regis y el diario El Imparcial.
Rodolfo Montes, representante legal de aquella compañía, era también principal accionista del Regis. Los ejecutivos de las petroleras británica y estadunidense hacían ahí su primera parada. La oficina de telégrafos y el correo distaban apenas un par de cuadras de aquel emplazamiento. El sitio era una táctica más para la estrategia de explotación de esas corporaciones.
No importaba si se dirigían al inaccesible campo de Francita en Minatitlán o a las parcelas de Tuxpan y Poza Rica, por donde ya había tendido ferroviario, las jornadas de trabajo de esa industria estaban en mundos distintos: urbano y de boato en la metrópoli, en condiciones de pobreza extrema, profundo entre la maleza y en peligro latente para las comunidades explotadas por una paga mísera.
Esa terrible circunstancia vital puede apreciarse documentada por los empleadores mismos. En diciembre de 1913 El Águila proyectaba construir una dársena para el canal del Tamesí en su confluencia con el río Pánuco. Metros después de la aduana fiscal de Tampico se pueden apreciar las condiciones en las que vivían sus empleados; las fotografías provienen de un informe que la oficina en México mandó en febrero de 1914 a la matriz de J. Hyslop y Weetman Pearson & Son en Londres.
En 1908 Percy Furber halló, trabajando para la Oil Fields of Mexico Ltd., uno de los primeros veneros del “oro negro” cerca de Coazintla, en Veracruz. Los campos sobre los que se desarrollaría a partir de entonces Poza Rica no tuvieron caminos de acceso hasta 1937, cuando Petromex rehabilitó la vía que por una brecha en la selva conectaba con la población de Cobos, en Tuxpan. Al británico aquel se le debe también el nombre del caserío en el otro extremo de la vía: Furberos.
Petromex operó entre 1934 la oclusión que parece confrontar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que falla en favor de los trabajadores en 1937, el amparo interpuesto por compañías extranjeras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nacionalización. Tenía presencia en la capital del país y en unos cuantos puntos más de nuestra geografía. Sus instalaciones eran modestas y con frecuencia dependían de una relación comercial al detalle con los revendedores. La compañía debía llevar una cuidadosa contabilidad de los costos e importes para la infraestructura de modo que el haber y el deber pudieran ser conciliados mensualmente.
La estación Tlaxpana, por ejemplo, tenía solamente una bomba y la de San Cosme, en la Ciudad de México, vendía además refacciones automotrices para afrontar sus cuotas y seguir operando. Las empresas se hallaban en abierto desafío al gobierno y la situación se había agravado con el estallamiento de una serie de huelgas.
La demanda para el mercado interno prácticamente no había variado entre el inicio de la guerra civil y mediados de los años treinta, sin embargo, la producción para exportarse tuvo un incremento cuyo pico se alcanzó en 1921 (en ese año, México se convirtió en el segundo productor de crudo), y el valor de esos aranceles no era debidamente pagado al régimen en turno. La competencia desleal era el problema: enormes volúmenes de extracción forastera y nulo respeto a la legislación laboral vigente. Para contrastar piénsese que la capacidad de distribución diaria en la Ciudad de México, en el verano de 1935, superaba apenas los nueve mil litros y su flotilla constaba de cuatro camiones cisterna, ninguno de ellos nuevo. Para finales de 1937 acompaña al membrete en cada oficio la leyenda: “Petróleos de México, S. A. en Liquidación”.
La nueva empresa nacional hubo de registrar y poner al día la infraestructura que otros habían levantado y cuyo estado era lamentable. Junto a la carretera México-Laredo, y en un cobertizo de madera, Petromex tenía en Ciudad Mante, Tamaulipas, dos tanques y un árbol de cambios con espuela para el tren de carga. Crecida la vegetación en los alrededores, el sitio parecería llevar mucho tiempo en desuso a principios de 1938, cuando Ferrocarriles Nacionales de México informó a la Administración General del Petróleo Nacional sobre el estado de la vía, la estación y el área de descarga en el tramo próximo a Villa Juárez (Mante) en el tendido de Monterrey al Golfo de México.
Entre las primeras obras que debió emprender el gobierno de Lázaro Cárdenas, una vez decretada la expropiación y organizada la empresa nacional, había que continuar con la producción. En el verano de 1939 tuvo lugar la construcción de la refinería en Bellavista, Veracruz. Mientras ocurría el armado de tanques, la extracción de barriles de crudo, pruebas con alambiques, encendido de chimeneas, apisonamientos de terreno y equipos de bombeo, había también que inventar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Administración General del Petróleo Nacional documenta gráficamente sus trabajos y erige su organigrama, selecciona equipamiento e implementa sistemas, todo desde un edificio menor en la calle de Colón 39, en el Distrito Federal. Así, el superintendente general, ingeniero Salvador Medina, atiende cotidianamente asuntos de alto nivel con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, asiste al Consejo de Administración y coordina la logística con Ferrocarriles Nacionales. Pero descubre que además debe dirimir pleitos entre un revendedor detallista en Ciudad Mante y el jefe del Departamento de Distribución y Ventas en Tampico. Todo entre sus atribuciones y urgencias para junio de 1939. Puesta en marcha y proyecto no son etapas sucesivas en Pemex.
El primer Plan Sexenal del pnr en su apartado “Economía nacional” contempló regular “aquellas actividades de explotación de los recursos naturales”, y enfatizó “la nacionalización del subsuelo”, de esta forma, el candidato presidencial, el partido oficial y el mismo gobierno se volvieron antagonistas de las principales compañías que recogían, sin declarar, jugosos dividendos en México.
Cárdenas puso especial énfasis en impulsar al movimiento obrero que se convertiría en pilar de su proyecto económico, y fundamental para la nacionalización de la industria petrolera. En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (stprm) exigió a las compañías petroleras aumento salarial, contrato colectivo de trabajo y seguro de accidentes, entre otras prestaciones. Estas demandas los llevaron a integrarse a la Confederación de Trabajadores de México (ctm). Dicha situación propició el estallido de la huelga en toda la industria petrolera y la conformación de una nueva central obrera, dirigida por Vicente Lombardo Toledano. La Confederación Regional Obrera Mexicana (crom), que hasta entonces había sido controlada por Luis N. Morones, fue desplazada por la ctm. La actividad económica nacional entre 1935 y el primer semestre de 1936 estaba prácticamente detenida.
En su Segundo Informe de Gobierno (1° de septiembre de 1936), el presidente Cárdenas hizo referencia al conflicto e indicó que ambas partes debían acatar las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Simultáneamente, el Congreso de la Unión preparaba una ley de expropiación que concedía al Poder Ejecutivo las facultades para decidir sobre la forma y plazos para pagar “propiedades de utilidad pública” de acuerdo con su valor fiscal, sin que el plazo excediera los 20 años. En esa coyuntura, a instancias del secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez, se inició una auditoría a las compañías petroleras, ya que era sabido que éstas alteraban sus libros contables.
Documentos sobre la expropiación petrolera de 1938
En diciembre de 1937, la Junta emitió su fallo en favor de los obreros. Las compañías en su conjunto podían cubrir el aumento salarial y firmar un contrato colectivo de trabajo. La resolución fue apelada por las compañías ante la Suprema Corte de Justicia, que finalmente dictó sentencia: avalaba el aumento salarial pero con un tope máximo. El laudo decía: “en ningún caso los consorcios [...] quedan obligados a satisfacer las mejoras en salarios y prestaciones a sus trabajadores más allá de 26 millones de pesos”. La orden de la Corte debía cumplirse a más tardar el 7 de marzo de 1938.
En ese momento, la cuestión petrolera es presentada a la opinión pública a través de la prensa con debates provocativos y con apoyo a las partes enfrentadas. Periódicos como Excélsior, El Universal o la revista Hoy se inclinaban en favor de las empresas; en tanto que El Nacional, La Prensa y El Popular, por el interés nacional. Las empresas, sobre todo las británicas, se negaban a cumplir los mandatos de los tribunales mexicanos, mientras que las estadunidenses actuaron con cautela, debido a que el apoyo de su gobierno era ambiguo. En este sentido, el presidente Cárdenas ofreció su mediación.
En la Ciudad de México, el embajador de los Estados Unidos, Josephus Daniels, cercano colaborador del presidente Roosevelt, recomendó a los petroleros respetar las leyes mexicanas y, en caso de existir discrepancias, negociar. La respuesta de los británicos no fue conciliadora. La embajada del Reino Unido, dirigida por Owen St. Clair O’Malley, en consonancia con el gobierno conservador de Neville Chamberlain, tuvo una actitud amenazante. Las razones se deben a que el volumen de inversión por parte de Gran Bretaña ascendía a 70%, respecto al de otros países. Además, los ingleses consideraban que el problema petrolero podría sentar un precedente en América Latina, en especial en Venezuela, donde habían descubierto yacimientos más ricos que los mexicanos.
La situación parecía empantanarse a tal punto que las pérdidas económicas para México sobre los ingresos petroleros llevaron al presidente Cárdenas a tomar la decisión y, amparado en la Ley de Expropiación, nacionalizar la industria petrolera. A las 21:45 horas del 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas firmó en Palacio Nacional el Decreto de Expropiación Petrolera. A las 10 de la noche anunciaba su decisión por radio y en cadena nacional. Entrevistado en octubre de 2020 por Reyna Paz Avendaño para el periódico Crónica, Ricardo Pérez Montfort, acaso el más lúcido de los estudiosos de la época, opina que dicho gobierno legó un modelo de desarrollo para México “vigente en algunas partes de la vida política mexicana, desde luego en la memoria de muchos campesinos y obreros”.
En voz del general Lázaro Cárdenas, Mensaje a la nación con motivo de la expropiación petrolera.
México fue castigado con un embargo petrolero y otras sanciones económicas y comerciales. Los asesores del presidente Cárdenas, Eduardo Suárez (Hacienda), Efraín Buenrostro (Industria y Comercio) y Ramón Beteta (Relaciones Exteriores) habían contemplado que esto pudiera ocurrir. Para las compañías se trataba de una confiscación, y por tanto sus gobiernos debían intervenir, pero dadas las condiciones geopolíticas europeas no fue posible. Los Estados Unidos se mostraron dispuestos a negociar, mientras se acordara el monto y fecha de pago, ello debido también a la política de Buena Vecindad. Con el paso de los meses, México hizo frente a la situación: buscó adquirir maquinaria en las potencias del Eje, que no secundaban el embargo. La deuda con las empresas estadunidenses se saldaría en un plazo de 20 años, pero la Segunda Guerra Mundial hizo posible que México la liquidara a principios de 1946. Por otra parte, el rompimiento de relaciones entre México y la Gran Bretaña fue breve, pues, a partir de 1941, el país se adhirió a la Carta del Atlántico, y para zanjar las diferencias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso sus condiciones a los británicos respecto del conflicto petrolero. Así, los grandes perdedores en este acontecimiento fueron aquellos que apostaron por la beligerancia.
Archivos
Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fondo: Francisco
Castillo Nájera.
Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. Fondo: Expropiación petrolera.
Archivo General de la Nación. Fondo: Administración Pública, Lázaro Cárdenas del Río,
1934-1940.
Foreign Office del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, El Colegio de
México.
Bibliografía
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Autónoma de México / Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, A.
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México-Dirección General de Publicaciones, 1972 (Colección Nueva Biblioteca
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cardenista,
México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
Pérez Montfort, Ricardo, Lázaro Cárdenas, Un mexicano del siglo xx, tomo 1, México,
Debate, 2018.
Hemerografía
Crónica, 17 de octubre de 2020.
Excélsior, marzo de 1938.
El Nacional, marzo de 1938.
El Universal, marzo de 1938.
La Prensa, marzo de 1938.
Agradecimientos
A todo el personal del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos (ahp), por su atención y facilidades en la consulta y reprografía de los materiales documentales del acervo, en especial al maestro Víctor Hugo Lozada Illescas, director del Archivo, y a Francisco Javier García Rojas Rosas, por su orientación y recomendaciones.
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