Este 2 de octubre se cumplieron 54 años de la masacre que tuvo lugar en la Plaza de Tlatelolco y a casi ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este recorrido por ambos momentos en la historia reciente de México nos permite resaltar el papel que tuvieron las juventudes disidentes en dos movimientos sociales, con trágicos resultados, donde la represión, la masacre y la desaparición forzada fueron instrumentos del Estado para “paralizar”, “disminuir” e intentar “aplastar” el movimiento estudiantil. Estos casos con el tiempo han cobrado un significado social en la memoria colectiva de los mexicanos. En nuestro país no existe una particularidad en las movilizaciones sociales, todas han sido muy diversas; algunas han sido encabezadas por obreros, campesinos, mineros, ferrocarrileros, abogados, médicos, costureras, madres de familia, estudiantes de educación superior, sin importar si proceden de universidades públicas o privadas, toman la palabra en plazas y avenidas y hacen suyas las calles. Lo acontecido en Tlatelolco en octubre de 1968, y en Iguala en septiembre de 2014, tejen coincidencias y constantes históricas siempre presentes, como la participación de cuerpos policiales, militares y servicios de inteligencia del Estado, coordinados para reprimir la protesta social. Sin embargo, en la conciencia colectiva, existe una memoria significativa que no olvida la lucha, como las del 68 y de los 43 normalistas de Ayotzinapa; ambas ciñen una historia común marcada por los agravios de la violencia y la represión ejecutada por el Estado. El rumbo de los movimientos sociales contemporáneos no puede entenderse sin la lectura de estos y otros momentos clave en la historia, que se convierten en reflejo y espejo de una batalla constante por el derecho a la memoria.
Memórica. México, haz memoria.
Al movimiento estudiantil de 1968 se le ha
considerado como un parteaguas en el proceso de democratización en el país, porque su motor era la
defensa de los derechos constitucionales traducidos en libertades democráticas. Se caracterizó por
un fuerte cuestionamiento al sistema político mexicano, que estaba determinado por un autoritarismo
al que respondieron los estudiantes con una gran movilización social.1
De este proceso se coloca el signo de porque la desaparición y las violaciones graves a los
derechos humanos han perdurado como una problemática compleja y sistemática de abuso del poder. Lo
acontecido en Iguala, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, el 26 de septiembre de 2014, vino a destapar la caja de pandora, que
representa un saldo de más de cien mil desapariciones en México hasta la actualidad,2 y desde que comenzó la guerra en
contra del narcotráfico en 2007, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.
Si bien el movimiento estudiantil de 1968 y los sucesos de Iguala, Guerrero, del 26 y 27 de
septiembre de 2014, corresponden a dos momentos históricos distintos, ambos tienen muchas
similitudes y conexiones. Esta exposición pretende esbozar algunos elementos comunes entre estos
casos y da cuenta de la persistencia de la violencia de Estado que golpea a nuestro país como una
estrategia de supresión de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El movimiento estudiantil de 1968 comenzó el 22 de julio, durante un enfrentamiento en la Ciudadela entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (ipn), y los de la preparatoria particular Isaac Ochoterena (lugar donde ocurrieron los hechos). La versión que se manejó sobre el origen del conflicto, siguiendo las declaraciones de los directores de los planteles, señalaba que los causantes de los desmanes fueron dos pandillas: “Los Ciudadelos” y “Los Araña”. Durante el episodio intervinieron los granaderos, quienes detuvieron y golpearon a los estudiantes. Los siguientes tres días, allanaron las vocacionales 2 y 5 y agredieron a los estudiantes de esos planteles. Los últimos días de julio fueron testigos de una cruenta violencia ejercida contra los estudiantes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el Ejército llegó a derribar la puerta del antiguo Colegio de San Ildefonso, que albergaba las preparatorias 1 y 3 de la unam, acontecimiento conocido como el “bazucazo”.3
Por la tarde del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se dirigieron a Iguala en cuatro autobuses con el propósito de juntar fondos económicos para su escuela y para trasladarse a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Se afirma que los normalistas pretendían llevarse otros tres autobuses de regreso a la Normal, lo que provocó que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, diera la orden a la policía municipal de que los persiguiera y aprehendiera.4 Durante este suceso murieron seis personas, de las cuales tres eran estudiantes normalistas; 25 de ellos resultaron heridos y otros 43 más desaparecieron.5 Lo anterior demuestra que ambos acontecimientos tuvieron el mismo origen: la represión, agresión policiaca y violación a los derechos humanos de los estudiantes, elementos que dieron pie al surgimiento de estos dos movimientos sociales.
El 4 de agosto de 1968, el denominado “Movimiento Estudiantil Pro Libertades Democráticas” hizo públicos los seis puntos del pliego petitorio, entre los que se incluyó la demanda de libertad a los presos políticos, destitución de los jefes policiacos capitalinos y la extinción del cuerpo de granaderos. Asimismo, se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, órgano central del movimiento. El 9 de agosto se declararon en huelga 70 escuelas y facultades pertenecientes a instituciones de educación superior y media superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), el ipn, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), las universidades de Sinaloa, Baja California y Tabasco, los institutos tecnológicos de Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Sonora, Chiapas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas, y las Escuelas Normales Rurales.
El 25 de octubre de 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes normalistas, se conformó la Asamblea Interuniversitaria con estudiantes de 80 escuelas del país, que convocaron a la “Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional” para realizar movilizaciones y un paro nacional programado para el 5 de noviembre, con el objetivo de exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En días posteriores, se acordó realizar paros nacionales el 20 de noviembre y el 1° de diciembre. El 30 de noviembre se constituyó la Coordinadora Nacional Estudiantil, con 69 universidades del país: unam, Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Universidad Pedagógica Nacional (upn), Universidad Autónoma de Chapingo, las universidades de Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Durango, Baja California, Guerrero, y la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa, por mencionar algunos ejemplos.6 A diferencia del movimiento estudiantil de 1968, donde se realizó una huelga que duró 129 días (julio a diciembre),7 en el de 2014, los paros fueron intermitentes entre noviembre y diciembre.
Las demandas políticas y sociales expresadas en los seis puntos del pliego petitorio en 1968 no sólo aglutinaron a los estudiantes, sino que permitieron también la integración de otros sectores de la población: maestros, intelectuales, artistas, padres y madres de familia, obreros, campesinos, empleados, así como un sector de la Iglesia católica representado por grupos cercanos a la teología de la liberación, entre otros. Como consecuencia de lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco hubo manifestaciones estudiantiles en varias ciudades del mundo, entre ellas París, Roma, Londres, Ámsterdam, Lovaina, Bruselas, Berlín, Nueva York, San Francisco, Buenos Aires y Santiago de Chile.8 A finales de 2014 ocurrió una situación similar. La exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa se convirtió en una demanda social, tanto en México como en el mundo.
A diferencia del 68, el apoyo nacional e internacional fue más amplio, quizá gracias al poder y alcance de los medios de comunicación, pero también a la irrupción de las redes sociales que entonces escapaban al control de las agencias gubernamentales, lo que permitió que las personas se organizaran y manifestaran en países tan remotos (en términos geográficos y culturales) como Sudán, India o Pakistán.9 Incluso las protestas llegaron a espacios e instituciones internacionales como el Parlamento Europeo o a la ceremonia para la entrega del Premio Nobel de la Paz (2014), donde la galardonada con este premio, Malala Yousafzai, exigió a las autoridades mexicanas la aparición de los normalistas mexicanos y manifestó su repudio a lo ocurrido en Iguala.10 Asimismo, durante un simposio de becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), celebrado en Estrasburgo, Francia, “los estudiantes mostraron carteles con los retratos de los 43 normalistas, e incluso el jefe de la Oficina de Información del Parlamento Europeo, Luis Martínez Guillén, pronunció un mensaje de solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos”.11
Quizás uno de los aspectos que han causado gran relevancia y muestran el alcance que ha tenido el Caso Ayotzinapa es que los retratos de los 43 normalistas desaparecidos han sido reproducidos y difundidos en todo el mundo; las personas conocen y reconocen sus rostros, lo que explica el sentido de apropiación de una imagen por parte de la población, cobrando un significado relevante: “él, nosotros, somos ellos”, reflejado en varios carteles expuestos en las movilizaciones: “Todos Somos Ayotzinapa”, “los quisieron desaparecer, y aparecieron en todo el mundo”, “quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla”. Por otro lado, en ambos contextos, cobra sentido implicar al Estado en estos crímenes y, por tanto, dilucidar su responsabilidad en las represiones estudiantiles, objeto de múltiples investigaciones y de recuperación de la memoria histórica. En 1968, aparecen pintas como la que expresa lo siguiente “gdo. ‘Asesino’”, en alusión al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. En 2014 quedó claro que el Estado fue el responsable, así lo confirman las pintas y señalamientos populares en los que se aduce: “fue el Estado”, y se exigió la renuncia del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esto confirma y manifiesta el descontento social frente a la injusticia, expresado con frases como: “ya me cansé”, misma que adujo el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pero que tomó en un momento muy desafortunado de una representación popular que mostraba el hartazgo de la sociedad mexicana, en gran medida por el pacto de impunidad de la clase política mexicana. De esta forma, pueden analizarse frases como “¡Fuera Peña!”, “¡Que se vayan todos!”, quemas de Judas con la efigie de Peña Nieto, como ocurrió durante el mitin del 20 de noviembre de 2014, similar a la ocurrida con la del general Luis Cueto Ramírez, jefe de la policía capitalina, que hicieron los estudiantes durante la manifestación del 13 de agosto de 1968.
Otra cuestión muy importante que hay que considerar para el análisis de ambos movimientos se traduce en la similitud de los discursos políticos de Gustavo Díaz Ordaz y Enrique Peña Nieto, frente a los hechos de 1968 y de 2014. Durante el cuarto informe de gobierno del presidente Díaz Ordaz, realizado el 1° de septiembre de 1968, afirmó: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo”.12 A su vez, el 15 de noviembre de 2014, Peña Nieto declaró: “el Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”.13
La postura de los presidentes en ambos momentos históricos ha sido la misma: justificar el uso de la fuerza pública del Estado creando a su vez un escenario de temor en la población. Por otra parte, en 1968, se hablaba de una “teoría de la conjura” en el contexto de la Guerra Fría:
las movilizaciones estudiantiles empezaron a recorrer las calles de la Ciudad de México, Díaz Ordaz estaba seguro de que los disturbios eran obra de un grupo de conspiradores, de las “fuerzas obscuras” a las que siempre habían temido […] Todo lo malo que podía pasar en México, era por culpa de una misteriosa y execrable conjura comunista […] El miedo de Díaz Ordaz hacia el desorden, hacia la intranquilidad, hacia los comunistas, hacia los jóvenes, hacia los intelectuales. Desde entonces, Díaz Ordaz, vivió en un Estado de sitio tratando de recuperar, irracionalmente y por la fuerza, el poder que creía estar perdiendo.14
Un alegato parecido al de “la teoría de la conjura” fue una de las últimas declaraciones que ha dado Peña Nieto, quien señaló que, frente a los hechos de violencia ocurridos después de la desaparición de los 43 normalistas, pareciera que existe un afán orquestado por desestabilizar al país: “Hay protestas que no está claro su objetivo. Pareciera que responden a un interés de desestabilizar, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de Nación que venimos construyendo”.15 Estas palabras parecían confirmar que, desde el inicio de su gobierno, e incluso durante su campaña política, Peña Nieto estuvo marcado por una severa crisis política. En diciembre de 2014, el periódico Reforma señalaba: “Al cumplir dos años en el gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se enfrenta a la popularidad más baja que ha registrado un Presidente de la República…”16
Respecto a lo enunciado en el párrafo anterior, otro elemento común ha sido el intento constante del Estado mexicano para criminalizar la protesta social, en contubernio con el poder económico nacional: en 1968, la prensa subordinada al Estado, y en complicidad con éste, señalaba que los estudiantes eran unos “revoltosos” “alteradores del orden”.17 En 2014, algunos medios de comunicación mencionaron que el movimiento de Ayotzinapa, así como el que exigía la aparición con vida de los 43 normalistas, correspondía al clima de violencia generado por “jóvenes anarquistas”.
Por otro lado, en 1968, Gustavo Díaz Ordaz tuvo el apoyo incondicional de la clase política, donde senadores y diputados cerraron filas en torno a la figura presidencial; incluso un sector importante de la sociedad mexicana envió cartas de apoyo al entonces presidente de la República, donde justificaban la represión a los estudiantes.18 En 2014, gran parte de la clase política, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional (pri), respaldó al presidente y a sus acciones, y pretendió aislar los acontecimientos de Iguala de la crisis por la que atravesaba el país. La postura del pri fue la de responsabilizar de los hechos al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así como al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (prd), y cuya finalidad era un golpe político a la oposición en una coyuntura electoral. En 2015 se celebraron comicios para renovar autoridades en el estado de Guerrero.
Algo que no se puede poner en duda es que la masacre del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en la Unidad Nonoalco-Tlatelolco, ha quedado grabada en la memoria colectiva de los mexicanos. De hecho, es una de las pocas referencias históricas que tiene gran parte de la sociedad sobre el movimiento estudiantil. Eugenia Allier ha definido lo anterior como “la memoria del agravio”, es decir, el hecho de recordar al movimiento del 68 a partir de la represión con una fecha (2 de octubre). Sin embargo, la investigadora señala que se ha construido otro tipo de memoria, “la memoria del elogio”, que muestra los aciertos de los movimientos sociales, en este caso el estudiantil, y sus aportaciones a la comunidad, considerando al 68 como un parteaguas en la democratización del país.19
Para el caso de Ayotzinapa, el asunto de la memoria se relaciona más con la cuestión de las desapariciones forzadas, de ahí que el movimiento se haya legitimado, en gran medida por la lucha que han emprendido los padres de los 43 estudiantes normalistas, y tiene que ver con la dignidad y el reclamo de justicia, situación similar a la experiencia argentina sobre este asunto de las desapariciones forzadas durante las dictaduras militares:
Las particularidades de la desaparición forzada de personas como forma de violencia estatal hacen que la dolorosa ausencia del desaparecido sea para su entorno difícil de tramitar, siendo muchas veces sencillamente imposible. La desaparición, cuyo mismo estatuto impide realizar el duelo, es entendida por Héctor Schmuder (1996) como una suspensión de la muerte, una espera, un puro dolor. La categoría de desaparecido representa, según Ludmila da Silva Catela (2001), una triple condición, la falta de un cuerpo, la falta de un momento de duelo, y la de una sepultura. Esta falta por triplicado será la marca constitutiva por la memoria en nuestro país.20
Durante la realización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición de 2014, los padres de los 43 estudiantes afirmaron que el gobierno de Peña Nieto buscó eliminar el recuerdo de los normalistas desaparecidos,21
lo que hace pensar que Ayotzinapa representa una lucha contra el olvido, “ese invisible muro de silencio que con tanta frecuencia se va construyendo después de la denuncia inicial de un hecho abominable. Ese silencio que funciona, lamentablemente, como reemplazo de la verdad”, como afirmó Rubén Blades en un texto escrito el 24 de noviembre de 2014.22 La diferencia entre lo acontecido en 1968, en particular con la masacre del 2 de octubre, donde, según la versión oficial, hubo 26 muertos, aunque nunca se ha tenido una certeza del total de fallecidos o desaparecidos, donde se piensa que fueron más de 300 los decesos y más de mil personas sin un paradero conocido, quizás se deba al cerco informativo y policial que montó el gobierno de la época. En cambio, gracias a los familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que desde un principio decidieron manifestarse públicamente, y cuya demanda encontró eco tanto en la sociedad mexicana como en la comunidad internacional, los 43 estudiantes normalistas tienen nombre y rostro, y representan a los miles de desaparecidos que día a día se incrementan en México, y cuyo paradero desconocido produce un inconmensurable dolor social.23
Las razones por las que se ha producido una gran movilización social en apoyo de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, se debe a que ha despertado una inquietud generalizada por la exigencia de justicia que, desde 1968, exige un alto a la represión orquestada por las autoridades de gobierno, a quienes se señala como responsables de las masacres, operadores de un uso desmedido de la violencia policial y militar. Así, la demanda por el respeto a la manifestación, por la libertad de los presos políticos y justicia a las víctimas de desaparición forzada son voces que se concatenan en una larga línea temporal. La violación sistemática de los derechos humanos dirigida al movimiento social y a las juventudes disidentes ha sido una constante en la expresión de una violencia persistente de Estado cuya estela de dolor hace de ambas tragedias una lucha inevitable contra el olvido.
Notas
Fuentes
Hemerografía
Investigación y curaduría: Oralia García Cárdenas*
Apoyo curatorial: Alejandro González y Álvaro Rodríguez
Editora: Rebeca Flores
Dirección de diseño: María Angélica Santa María Daffunchio
Diseño gráfico y web: Mauricio Espinosa Azócar
*Candidata a doctora en historia y etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Investigación y curaduría: Oralia García Cárdenas*
Apoyo curatorial: Alejandro González y Álvaro Rodríguez
Editora: Rebeca Flores
Dirección de diseño: María Angélica Santa María Daffunchio
Diseño gráfico y web: Mauricio Espinosa Azócar
*Candidata a doctora en historia y etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia.
