Presentación
El asedio a artistas e intelectuales por parte de la Dirección Federal de Seguridad (dfs) fue implacable. La antesala de esta práctica de vigilancia extrema se gestó al término de la segunda Guerra Mundial, en el nuevo orden geopolítico que dividió al mundo en dos bloques antagónicos: una Guerra Fría de asedio militar mutuo, acompañada por una "guerra caliente" de propaganda —anticomunista por un lado, antiimperialista por el otro—. Uno de los proyectos más importantes del partido oficial mexicano, el Partido Revolucionario Institucional (pri), en la posguerra fue mantener su hegemonía política, sobre todo durante las campañas electorales. Para ello, debía asegurar la fidelidad de tres sectores clave bajo su control gubernamental: la Confederación Nacional Campesina (cnc), la Confederación de Trabajadores de México (ctm) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte). Con esta tríada, el partido permea a los tres grandes bloques sindicales, obteniendo un poder prácticamente omnipresente. Sin embargo, había ámbitos que escapaban a su control; en particular, los espacios de reflexión crítica y las prácticas artísticas. En consecuencia, las baterías de la vigilancia se dirigieron hacia los lugares de reunión e intercambio intelectual y cultural.
La dfs utilizó el discurso anticomunista como herramienta para deslegitimar a los intelectuales y justificar su represión. Esto se reflejó en sus reportes de investigación, donde destacaban los presuntos vínculos de escritores y artistas con organizaciones de izquierda y su influencia en movimientos sociales, preparando el terreno para una estrategia de desarticulación en su contra.
Final
La masacre de Tlatelolco marcó el punto más álgido de la represión contra el movimiento estudiantil. Después de la aprehensión masiva de profesores y estudiantes el 2 de octubre de 1968, las visitas frecuentes de escritores, artistas y familiares a los presos políticos generaron una intensa presión pública. Se exigía la liberación de los supuestos líderes del movimiento —entre ellos José Revueltas— y, seguramente, esa movilización de intelectuales y creadores (con figuras de la talla de Octavio Paz y Carlos Monsiváis al frente) aceleró los procesos de excarcelación en los meses siguientes.
En el caso de Elena Garro, tras exiliarse varios años, eventualmente logró regresar al país. A su retorno permaneció en relativo ostracismo, aunque se mantuvo en contacto con un círculo de escritores y continuó apoyando algunas causas vinculadas a las embajadas de Cuba y Bolivia. Todas estas historias individuales representan apenas apéndices de un sistema de vigilancia mucho más grande y complejo en el que innumerables ciudadanos y ciudadanas fueron señalados y espiados por sus actividades políticas, culturales y artísticas.
La labor de persecución y violencia que ejerció la dfs fue un instrumento clave del régimen priista para mantener el control político durante el conflicto de 1968 y años subsecuentes. Su evolución institucional, desde sus antecedentes como Oficina de Información Política y Social hasta su disolución en 1985, refleja su papel central en la represión de movimientos sociales y en el espionaje a escritores, artistas e intelectuales críticos. Conocer su ámbito de acción geográfico, su obsesión con el supuesto “avance comunista” y sus estrategias de infiltración en universidades y organizaciones culturales permite entender cómo operó este aparato represivo y cómo afectó a figuras como Garro, Paz, Monsiváis y Revueltas en una época marcada por la seguridad nacional, la contrainsurgencia y la coordinación represiva de la MÁQUINA INFERNAL del poder.