ARCHIVOS PARA LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Tan pronto como operó la estructura de espionaje y represión, surgieron movimientos de defensa y de solidaridad con los presos políticos, pero los mayores referentes surgieron en la década de 1970, al calor del periodo más álgido de la violencia de Estado. Ellos no siempre contaron con acceso a los expedientes que daban cuenta del terror, pero no por ello dejaron de presentar sus demandas a partir de los archivos particulares que poseían, de indicios independientes e incluso de la formación de archivos propios. Lo anterior no significa que no existieran rastros dejados por los perpetradores.

Operar una estructura de represión deja registros y evidencias sobre su integración, articulación y administración, aun cuando los mecanismos utilizados alternaran acciones legales e ilegales. Particularmente, las instituciones de inteligencia produjeron un gran volumen de información cuya utilidad radica en la capacidad de procesarla, conservarla y usarla. Todo esto constituyó un importante acervo sobre la manera en que el Estado ejerció violencia contra su población, pese a que instituciones y perpetradores actuaron con la consigna de minimizar y ocultar, cuando no eliminar, todo rastro de sus crímenes. Así, han logrado permanecer documentos que dan cuenta de sus actividades. Identificarlos se convierte en una tarea prioritaria para recabar pistas y evidencias para entender lo que sucedió, quiénes actuaron, cómo y por qué lo hicieron, para así encender una luz para conocer lo que sucedió con las víctimas.

Listas de asistencia, bitácoras de operaciones, partes informativos, informes, órdenes e instrucciones, reportes de detenciones, partes médicos, denuncias y declaraciones son tan solo una muestra de la diversidad de documentos que pueden aportar indicios para investigar violaciones graves a derechos humanos. La Dirección Federal de Seguridad (dfs) y la Dirección General de Investigaciones Políticas Sociales (dgips) como instituciones ejecutoras de la política contrainsurgente produjeron y recabaron una importante cantidad de este tipo de documentos. Los agentes generaban informes que reportaban y describían fenómenos o hechos sociales, actividades relacionadas con asociaciones, empresas, agrupaciones, políticos, empresarios, dirigentes, o cualquier otra persona que cobrara relevancia por su influencia social y poder representar una amenaza para el régimen. En muchos de sus expedientes se pueden encontrar registros sobre contactos entre perpetradores y víctimas.

El archivo que produjo la extinta dfs fue transferido en febrero del 2002 al Archivo General de la Nación (agn). Sin embargo, se mantuvo bajo control del Cisen hasta enero del 2019 y su consulta pública era extremadamente restringida. A partir de esa fecha el agn asumió la custodia de este archivo y comenzó su proceso de descripción y liberación. En consecuencia, desde el 20 de febrero del 2020 estos documentos pueden ser consultados por cualquier persona de manera irrestricta.

La desclasificación del archivo de la dfs abre la esperanza de encontrar más elementos para esclarecer las violaciones graves a derechos humanos durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en el periodo de política contrainsurgente conocido como Guerra Sucia. Su consulta abre una luz a fin de conocer la verdad y alcanzar la justicia, asegurar la reparación del daño a sobrevivientes de la violencia y familiares de las víctimas y promover garantías de no repetición.

Cabe resaltar que el contenido de estos documentos producidos por los perpetradores no puede ser abordado como verdad absoluta y deben ser contrastados con otras fuentes, pues estos documentos reflejan la ideología de un régimen y sus instituciones. De tal modo, la recuperación de los testimonios de las víctimas sobrevivientes se torna un ejercicio obligado junto con el análisis científico más riguroso de todas las fuentes disponibles.