Feminicidios en Ciudad Juárez

 
 

Institución: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América

El expediente que se muestra en esta entrada está conformado por tres notas periodísticas publicadas en el diario La Jornada los días 24, 26 y 27 de abril de 2009 y fueron elaboradas por la periodista Blanche Petrich con los siguientes títulos: “Madres de víctimas de feminicidios viajan a Chile a juicio contra el Estado mexicano”, “Juristas de prestigio, en el juicio al Estado mexicano por feminicidios” y “La violencia del narco en Juárez eclipsó los asesinatos de mujeres”.

Las notas dieron cuenta del inicio del proceso que Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez iniciaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) para juzgar al Estado mexicano sobre el caso conocido como Campo Algodonero, emblemático de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se inserta en la ola de feminicidios que marcó a aquella ciudad fronteriza desde la década de los noventa hasta el presente.

 

El caso Campo Algodonero destaca en primer lugar por la severa violencia sexual que sufrieron las ocho víctimas; todas ellas mujeres jóvenes, incluso menores de edad, como Esmeralda Herrera de 14 años, fueron encontradas en noviembre de 2001 en un campo de algodón, luego de que se reportara la desaparición de algunas de ellas en Ciudad Juárez en días y circunstancias diferentes. También es relevante por el pésimo desempeño de las autoridades y servidores públicos en torno a la investigación de las desapariciones de las jóvenes y, posteriormente, para precisar las circunstancias del hallazgo de los cuerpos, el poco rigor en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen, autopsias incompletas o falta de contundencia en los estudios para la verificación de identidad de las víctimas, incluso se incurrió en la fabricación de culpables y pérdida de los expedientes de investigación.

 

Las notas nos cuentan el largo proceso que las madres de las víctimas enfrentaron luego de ocho años para concretar la audiencia en la que se buscaba que el Estado mexicano asumiera responsabilidad porque las autoridades no realizaron su trabajo y, como puede leerse en la nota, uno de los abogados defensores de las familias de las víctimas señaló lo siguiente:

 

Dos presidentes panistas en el poder federal, dos gobernadores priístas […] y una larga sucesión de procuradores, subprocuradores, fiscales, agentes del Ministerio Público y comisionados fabricaron culpables, maltrataron a las familias de las muchachas, desviaron averiguaciones, obstaculizaron investigaciones, ocultaron indicios y enturbiaron un proceso que, por la brutalidad del caso, tenía encima el ojo de la opinión pública, de defensores de derechos humanos y de juristas de todo el mundo.

 

A lo largo de estas notas, la periodista mexicana presenta el caso, así como las acciones de las familias ante las omisiones de las autoridades indolentes e incapaces, y resalta un logro que podemos calificarlo “de justicia”, de que el Estado mexicano responda ante la Corte Interamericana, si bien las notas se quedan anunciando la proximidad de la audiencia, ahora, luego de 17 años de que se publicaron, sabemos lo que sucedió después.

El 16 de noviembre de 2009 la cidh emitió la sentencia en la que condenó al Estado mexicano como “responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez”; por otra parte, la Corte estipuló los “parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género”. La sentencia históricamente fue importante ya que obligó al Estado mexicano a incorporar una perspectiva de género en investigaciones de violencia contra las mujeres.

 

Este expediente es evidencia de la situación de violencia generalizada contra las mujeres no sólo en Ciudad Juárez, sino en el país y el mundo. Es también prueba de la negativa sistemática de las autoridades a realizar su trabajo en tiempo y forma, situación que desde principios del siglo no ha cambiado, como podemos comprobarlo en 2026, con el caso de Edith Guadalupe, víctima de feminicidio, del que se supo que las autoridades solicitaron recursos económicos para iniciar las averiguaciones.

Esta entrada espera servir de recordatorio de que la violencia de género tendrá que erradicarse implementando una perspectiva preventiva, en la que las autoridades atiendan su deber.

 

Material de apoyo:

“’Campo Algodonero’: Caso González y otras vs. México”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultado el 15 de mayo de 2026. Disponible aquí.
“Reflexionar para no olvidar: a 20 años de Campo algodonero”, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, consultado el 15 de mayo de 2026. Disponible aquí.
Vázquez Camacho, Santiago José, “El caso ‘campo algodonero’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Anuario mexicano de derecho internacional, vol. 11, 2011. Disponible aquí.

 

Institución: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América

El expediente que se muestra en esta entrada está conformado por tres notas periodísticas publicadas en el diario La Jornada los días 24, 26 y 27 de abril de 2009 y fueron elaboradas por la periodista Blanche Petrich con los siguientes títulos: “Madres de víctimas de feminicidios viajan a Chile a juicio contra el Estado mexicano”, “Juristas de prestigio, en el juicio al Estado mexicano por feminicidios” y “La violencia del narco en Juárez eclipsó los asesinatos de mujeres”.

Las notas dieron cuenta del inicio del proceso que Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez iniciaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) para juzgar al Estado mexicano sobre el caso conocido como Campo Algodonero, emblemático de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se inserta en la ola de feminicidios que marcó a aquella ciudad fronteriza desde la década de los noventa hasta el presente.

El caso Campo Algodonero destaca en primer lugar por la severa violencia sexual que sufrieron las ocho víctimas; todas ellas mujeres jóvenes, incluso menores de edad, como Esmeralda Herrera de 14 años, fueron encontradas en noviembre de 2001 en un campo de algodón, luego de que se reportara la desaparición de algunas de ellas en Ciudad Juárez en días y circunstancias diferentes. También es relevante por el pésimo desempeño de las autoridades y servidores públicos en torno a la investigación de las desapariciones de las jóvenes y, posteriormente, para precisar las circunstancias del hallazgo de los cuerpos, el poco rigor en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen, autopsias incompletas o falta de contundencia en los estudios para la verificación de identidad de las víctimas, incluso se incurrió en la fabricación de culpables y pérdida de los expedientes de investigación.

Las notas nos cuentan el largo proceso que las madres de las víctimas enfrentaron luego de ocho años para concretar la audiencia en la que se buscaba que el Estado mexicano asumiera responsabilidad porque las autoridades no realizaron su trabajo y, como puede leerse en la nota, uno de los abogados defensores de las familias de las víctimas señaló lo siguiente:

 

Dos presidentes panistas en el poder federal, dos gobernadores priístas […] y una larga sucesión de procuradores, subprocuradores, fiscales, agentes del Ministerio Público y comisionados fabricaron culpables, maltrataron a las familias de las muchachas, desviaron averiguaciones, obstaculizaron investigaciones, ocultaron indicios y enturbiaron un proceso que, por la brutalidad del caso, tenía encima el ojo de la opinión pública, de defensores de derechos humanos y de juristas de todo el mundo.

A lo largo de estas notas, la periodista mexicana presenta el caso, así como las acciones de las familias ante las omisiones de las autoridades indolentes e incapaces, y resalta un logro que podemos calificarlo “de justicia”, de que el Estado mexicano responda ante la Corte Interamericana, si bien las notas se quedan anunciando la proximidad de la audiencia, ahora, luego de 17 años de que se publicaron, sabemos lo que sucedió después.

El 16 de noviembre de 2009 la cidh emitió la sentencia en la que condenó al Estado mexicano como “responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez”; por otra parte, la Corte estipuló los “parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género”. La sentencia históricamente fue importante ya que obligó al Estado mexicano a incorporar una perspectiva de género en investigaciones de violencia contra las mujeres.

Este expediente es evidencia de la situación de violencia generalizada contra las mujeres no sólo en Ciudad Juárez, sino en el país y el mundo. Es también prueba de la negativa sistemática de las autoridades a realizar su trabajo en tiempo y forma, situación que desde principios del siglo no ha cambiado, como podemos comprobarlo en 2026, con el caso de Edith Guadalupe, víctima de feminicidio, del que se supo que las autoridades solicitaron recursos económicos para iniciar las averiguaciones.

Esta entrada espera servir de recordatorio de que la violencia de género tendrá que erradicarse implementando una perspectiva preventiva, en la que las autoridades atiendan su deber.

Material de apoyo:

“’Campo Algodonero’: Caso González y otras vs. México”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultado el 15 de mayo de 2026. Disponible aquí.
“Reflexionar para no olvidar: a 20 años de Campo algodonero”, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, consultado el 15 de mayo de 2026. Disponible aquí.
Vázquez Camacho, Santiago José, “El caso ‘campo algodonero’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Anuario mexicano de derecho internacional, vol. 11, 2011. Disponible aquí.

 

 

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